otivado por los pobres resultados en la guerra que emprendió contra la delincuencia organizada, el ocupante de Los Pinos invita a un debate sobre la legalización de las drogas; inmediatamente legisladores, funcionarios y opinadores de toda laya respondieron discutiendo sobre la oportunidad de la invitación y otras minucias, pero sin que encontremos aun propuestas concretas y viables.
Lo más interesante quizá sea que se está haciendo del dominio público el hecho de que en diversos países y en menor o mayor grado ya se ha experimentado con la despenalización de la producción, tráfico y traslado de drogas, por lo que los expertos tendrán a la mano, si los buscan, resultados diversos y efectos sociales y económicos en los países en que se liberó el tema.
Por mi parte, recuerdo que durante el gobierno de la ciudad de México en el que colaboré como procurador salió a la luz una propuesta práctica que no pudo llevarse adelante por los mezquinos ataques del gobierno de Vicente Fox al jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador; se trata de una propuesta sencilla que puede retomarse ahora y que consiste en liberar de sanciones el suministro de droga en los reclusorios de la ciudad.
En los llamados Centros de Readaptación Social todo mundo sabe que hay poderes fácticos internos que en complicidad con bandas del exterior, controlan a los reos de diversas maneras y constituyen un gobierno o poder superpuesto al oficial, integrado por las direcciones y los custodios; es sabido, que una de las herramientas que emplean para el poder real que ejercen es el control de los estupefacientes dentro de las cárceles.
Los reos adictos, que llegan ya con el vicio adquirido desde antes y los que lo adquieren dentro, son capaces de lo que sea con tal de obtener las sustancias que calman su ingente necesidad de drogarse. Quien puede proporcionar la droga y suministrarla a los adictos se convierte por ello en su amo y ellos en sus incondicionales; por satisfacer la necesidad de droga se sirve con vileza a los que la proporcionan, se llevan a cabo todo tipo de trabajos y encargos, se pierde la dignidad y por droga se cumplen órdenes de agresiones y aun de homicidios.
Controlar el suministro de drogas a los adictos internos por conducto de las autoridades de los reclusorios y de las autoridades de salud sería un paso fundamental para iniciar el rescate de estos lugares, verdaderamente infernales, que rara vez permiten la rehabilitación de los internos. Es una propuesta que puede abrir, a partir de su experiencia en lugares delimitados y acotados, la atención de los drogadictos como un problema de salud y no tan sólo de delincuencia.
Otra propuesta presentada formalmente en Palacio Nacional, ante procuradores y magistrados de todo el país, fue la de tipificar como delito de peligro traer consigo cualquier tipo de droga, incluido el alcohol, en escuelas, centros deportivos, bibliotecas o en otros lugar de reunión de niños y jóvenes. Las leyes actuales consideran que no es un delito transportar pequeñas cantidades de droga para el propio consumo; esto está muy bien siempre y cuando las sustancias mencionadas no sean introducidas a los centros en los que se encuentran los jóvenes y los niños, víctimas principales de las dependencias y adicciones.
El debate es necesario, pero estaría mejor que al amparo de las leyes vigentes y de instituciones existentes, se pongan en práctica programas para combatir la dependencia y sin graves tesis doctorales y disquisiciones de altísimo nivel, sino con sentido común y buena fe, se afronte el problema, que es real, no sólo por la violencia desatada, sino por los daños irreversibles que las drogas producen en quienes las consumen constantemente.
