PRI y PRD manifestaron su preocupación por los datos difundidos por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, relativos a que policías municipales ganan poco y por ello aceptan dinero del narcotráfico. Exigieron que el gobierno federal actúe, más allá de emitir diagnósticos.

En tanto, académicos y defensores de derechos humanos advirtieron que el dinero del crimen organizado no sólo entra en las policías municipales, también llega a las altas esferas del poder político, por lo que culpar de la corrupción exclusivamente a los uniformados es una estrategia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para apoyar su idea de crear una policía única, señalaron académicos y defensores de derechos humanos.

Legisladores de PRI y PRD señalaron que el gobierno federal debe abandonar su estrategia mediática que promueve los discursos impactantes, y si conoce el grado de colusión de las policías municipales con la delincuencia organizada tiene la responsabilidad política y ética de proceder contra los agentes corruptos.

Respuesta policiaca y militar

Alfonso Navarrete Prida, vicecoordinador del PRI en San Lázaro, dijo desconocer la parte metodológica usada por la SSP federal para acusar de corrupción a los policías municipales, porque dicha dependencia no es una institución que aporte base estadística.

Es una dependencia eminentemente operativa y, si tiene los datos, debería proceder contra los policías que tienen vínculos con los delincuentes. Esa relación es lo que ha consolidado una estructura de protección al narcotráfico, y si la Secretaría de Seguridad sólo tiene una base estadística, pues el argumento no procede, señaló.

Opinó que mientras la estrategia del Ejecutivo se base en la respuesta policiaca y militar a la delincuencia, estará destinada al fracaso, y el gobierno seguramente procederá a echar la culpa a todos hasta de su mala suerte; lo cierto es que la estrategia se mantendrá equivocada si no se parte de una conjunción entre el trabajo policiaco militar y la estrategia social que incluya educación, empleos y desarrollo de no ser así, se continuará echando la culpa a todos, senadores, diputados, partidos, organizaciones civiles y ciudadanos.

Leticia Quezada, presidenta de la comisión de vigilancia en San Lázaro, conminó a la administración de Felipe Calderón a promover la limpieza de las policías en el país, porque de mantenerse vigente la vinculación entre los policías municipales y la delincuencia se avanzará irremediablemente a la condición de un Estado fallido, donde las autoridades sean incapaces de responder a la amenaza que representa la delincuencia organizada.

Aarón Irízar (PRI) consideró que si los datos aportados por García Luna son ciertos, la autoridad competente debe actuar implementando una megadepuración de las policías municipales. Es un asunto serio que requiere decisiones de fondo, donde todos los órdenes de gobierno tomen decisiones con objeto de restablecer la paz, pero evitando a toda costa que las declaraciones impactantes sustituyan las acciones impactantes.

Hasta el copete de debates

En el Senado, el PRI calificó de sorprendente y preocupante la información que difundió García Luna. Sin embargo, agregó en voz de Ramiro Hernández, integrante de la Comisión de Gobernación, que no basta tener el diagnóstico, es necesario dar propuestas de solución, situación que ya debería estar en marcha si se toma en cuenta que este gobierno lleva más de la mitad de su ejercicio.

Recordó que recién se han revelado datos sobre la delincuencia, quiénes son y dónde operan; pero lo sorprendente es que no se haga nada. La ciudadanía, expuso, ya está hasta el copete de debates y discusiones que lo único que hacen es evadir las decisiones.

Alejandro González Alcocer (PAN) se pronunció por aumentar los salarios de los policías municipales y, al mismo tiempo, seguir depurando ese y otros cuerpos de seguridad. Deben mejorarse sus prestaciones y sus sueldos, pero también hay que exigirles más.

Se refirió al coche bomba estallado en Tamaulipas y dijo que tales hechos constituyen un desafío al Estado que se debe combatir a cómo dé lugar. Si alguien tiene algo que aportar al combate al crimen organizado, es obligación de todos entrar al tema.

El zacatecano Tomás Torres puntualizó que a la espiral de violencia en el país no se le ve fin en el corto o en el mediano plazo. La situación ha llegado a un nivel que pone en riesgo la viabilidad de las instituciones.

Consideró que el Ejecutivo federal debe reconocer expresamente la crisis por la que atraviesa el país, lo que implica una evaluación para ver dónde anda el desempeño de las agencias de seguridad pública y de procuración de justicia. Hemos dado por sentado que los únicos que tienen una reacción operativa leal son las fuerzas armadas, pero no hay, por ejemplo, una evaluación del desempeño institucional en la coordinación.

René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad, aseveró que desaparecer a las policías municipales no acabará con la corrupción, pues no sólo es en estas corporaciones donde llega el dinero del crimen organizado.

“Hay que recordar al general [Jesús] Gutiérrez Rebollo [ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas acusado de brindar protección a Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez]. En el momento que los órganos de inteligencia entreguen los nombres de gobernadores, funcionarios de la estructura jurídica y acaudalados empresarios que son financiados por el crimen organizado, estarán haciendo su trabajo.”

Corrupción e impunidad

Para Leopoldo Maldonado, abogado del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las declaraciones de García Luna son desafortunadas, pues focalizan la corrupción sólo en la escala municipal y rechaza que existe en otras corporaciones, entre ellas la Policía Federal, que él mismo encabeza.

Agregó que la corrupción no sólo es un conflicto generado por el dinero, sino por la colusión con el crimen en varios sectores del poder público. Otra de sus causas, dijo, es la impunidad que prevalece en el país.

Para Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la corrupción no se queda sólo en las policías municipales. “Los niveles de penetración del narcotráfico no pasaron sólo porque sí; muchas autoridades lo permitieron, dijo.

Agregó que los señalamientos de García Luna deben tener consecuencias no sólo para los uniformados, sino también para presidentes municipales, cabildos, así como gobernadores y policías estatales.