La insistencia de la administración capitalina en construir la supervía poniente y la forma en que ha actuado, que incluye hostigamiento y amenazas a los ciudadanos que se oponen al proyecto, incumple los compromisos asumidos en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) y la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad.

En un pronunciamiento firmado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los centros de derechos humanos Fray Francisco De Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez; la red Todos los Derechos para Todas y Todos, Incide Social, Cauce Ciudadano, NotieSe y el Centro Nacional de Comunicación Social, se advierte que la administración local no ha cumplido con los estándares construidos en materia de derechos humanos durante los últimos años, los cuales han recibido el reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional.

El programa y su antecedente, el diagnóstico –que fueron elaborados por organizaciones civiles, gobierno, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México–, fueron presentados en Washington y Ginebra. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ha asegurado que las 2 mil 412 líneas de acción contempladas en dicho programa son de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos.

Sin embargo, a decir de las organizaciones, entre las que hay de otras entidades federativas como el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, de San Luis Potosí, la decisión del Gobierno del Distrito Federal de llevar adelante el proyecto vial se ha hecho sin considerar la participación de los y las ciudadanas, faltando a sus compromisos mínimos en materia de transparencia, vulnerando el derecho a la vivienda digna, violando el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y desconociendo las futuras afectaciones ambientales para la ciudad y sus habitantes.

Ésta es la primera ocasión en que un grupo amplio de organizaciones denuncia públicamente el incumplimiento de dicho programa de derechos humanos por el Gobierno del Distrito Federal.

Acerca de la violación a la integridad personal, se señala que las afectaciones sicológicas y morales provocadas por la expropiación se prolongaron por la falta de certeza jurídica y la opacidad en que incurrieron las autoridades, y que el desahucio, hostigamiento y amenazas que han sufrido los opositores vulnera, en última instancia, el sentido de existencia de la comunidad.

Con relación a la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad, que se firmó el 13 de julio pasado, se advierte que el actuar de las autoridades va en contra de lo signado en dicho documento.

Otras organizaciones que firman el documento son Infancia Común, Ririki Intervención Social, Bicitekas, Servicios a la Juventud, Comité Cerezo y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos.