ebe saludarse la decisión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar plena validez legal en todo el territorio nacional a los matrimonios entre personas del mismo sexo, legales en el Distrito Federal desde el 21 de diciembre del año pasado, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) aprobó reformas al Código Civil local que pusieron fin a la discriminación de las minorías sexuales en materia de matrimonio.
Cabe recordar que, en aquel momento, las derechas políticas y religiosas reaccionaron con una campaña de satanización de las uniones legales entre parejas de homosexuales y de lesbianas. Aparte de la alharaca clerical, el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, argumentó entonces, en forma errónea, que la Constitución habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer
, en tanto la Procuraduría General de la República inventó, para justificar el recurso de inconstitucionalidad que ayer quedó resuelto en forma definitiva por el fallo que se comenta, una defensa de los derechos de los menores que vayan a ser adoptados por parejas del mismo sexo
. Un alegato similar empleó en la sesión de ayer de la SCJN el ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los dos que se opusieron –el otro fue el presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia– al sentir mayoritario del máximo tribunal del país: que los menores adoptados por matrimonios gays podrían ser víctimas de rechazo y burla por sus compañeros de escuela.
El tema de las adopciones no fue, sin embargo, abordado, toda vez que no está directamente vinculado a la validez de las uniones entre personas del mismo sexo, y probablemente será analizado en forma separada.
En lo inmediato, cabe señalar que la determinación de la SCJN consolida uno de los pocos logros civilizatorios obtenidos en tiempos recientes en un país sumido en la crisis económica, la descomposición institucional, la violencia incontenible, la impunidad, las tendencias autoritarias cada vez más desembozadas y el declive generalizado en los niveles de bienestar, consumo, salud y educación. Frente al avance de la intolerancia oscurantista, enquistada en las propias instituciones públicas –y que se traduce en situaciones tan aberrantes y exasperantes como las que viven en diversas entidades las mujeres condenadas a cárcel por abortar–, la despenalización del aborto y la inclusión de las parejas del mismo sexo en las regulaciones matrimoniales, vigentes ya en la capital de la República, constituyen una muestra de tolerancia, respeto a la diversidad, reconocimiento de derechos irrenunciables y modernidad. De hecho, al legalizar las bodas gays, el Distrito Federal obtuvo reconocimiento como un sitio de avanzada en el mundo –al lado de Bélgica, Canadá, España, Holanda, Noruega, Sudáfrica, Uruguay, Suecia y algunos estados del vecino país del norte– en materia de respeto a los derechos civiles, sexuales y reproductivos y de combate a prácticas discriminatorias.
Ciertamente, el fallo del máximo tribunal del país –motivo de alivio después de una secuencia de determinaciones erradas, injustas y antipopulares– no implica que ninguna de las otras entidades deba seguir los pasos de la capital en materia de regulación de matrimonios; simplemente las obliga a reconocer como válido, para todo efecto legal, el trámite que se realice en la ciudad de México. Desde este punto de vista, la determinación de la SCJN contribuye también a preservar el sentido del pacto federal, pues impide que tome curso un precedente peligroso de desconocimiento mutuo de documentación legal, el cual podría extenderse a ámbitos como el educativo y vehicular, con los consiguientes efectos de desintegración nacional.
Ayer, en suma, la cúspide del Poder Judicial adoptó una determinación atinada y justa.
