El diálogo por la seguridad convocado por el presidente Felipe Calderón con los partidos políticos fue severamente criticado por la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, quien manifestó su preocupación porque en lugar de resultados, este tipo de encuentros derive en escenarios construidos con fines mediáticos y electorales.

Nos preocuparía mucho que estemos ante un escenario construido con una buena disposición para escuchar voces diversas, pero cuya utilidad sea relativa o no desemboque en la toma de decisiones que corresponde a los poderes públicos y a la sociedad civil, advirtió durante su participación en el foro realizado en el Casino Militar del Campo Marte.

Mientras dirigentes de otros partidos expresaron su abierta disposición para analizar y apoyar la estrategia del Ejecutivo frente a la delincuencia organizada, la líder priísta alertó, en su primera intervención, que éste no puede ser un debate maniqueo, en el que se clasifique a los buenos como aquellos que sí quieren combatir al narcotráfico en los términos planteados por el gobierno federal, y a los malos, porque no quieren hacerlo siguiendo esa ruta.

Para los priístas, dijo, la política de seguridad nacional no debe ser tema de debate electoral. Insistimos en ello porque observamos que en algunas estrategias electorales, en determinadas campañas, decidió subirse el tema del narcotráfico como un asunto incriminatorio para descalificar.

En este contexto, reiteró la insistencia de su partido porque las grabaciones que se adjudican a los órganos de inteligencia del país se utilicen con fines políticos electorales.

En consonancia con las críticas que su partido ha emitido en contra de Calderón, a partir de que el 28 de junio pasado el mandatario convocara a las fuerzas políticas del país a dialogar sobre la inseguridad, Paredes Rangel resaltó que es muy difícil llamar a la construcción de acuerdos y consensos cuando se ha estado trabajando incisivamente en la generación de ambientes de descalificación y de polarización, como podría ocurrir, ejemplificó, con el debate sobre la legalización de las drogas.

A Calderón le reconoció que su primera intervención para el diálogo ayer convocado desde la perspectiva es impecable, pero se requiere darle (a su discurso), además, una dimensión de Estado para lograr ser más eficaces en la lucha contra el narcotráfico.

En el PRI, le dijo, “sí tenemos una exigencia: cuando haya acusaciones es indispensable que la autoridad actúe si hay pruebas, y si no, que se deje de hacer política haciendo señalamientos que lo único que provocan es desprestigiar la función de representación popular y partidaria.

Recordó que las fuerzas políticas, a través del Poder Legislativo no han escatimado su solidaridad para apoyar las iniciativas del Ejecutivo; sin embargo, la solución integral de los problemas tiene que tomar en cuenta que somos una República federal. En este sentido, cuestionó que se equipare a México, en términos operativos, con países como Colombia, que tienen un Estado unitario.

El presidente Calderón respondió a los planteamientos iniciales de la dirigente priísta, como también lo hizo con el resto de los partidos, en defensa de la necesidad de promover el diálogo con las fuerzas políticas, dar la cara a la sociedad e incluso modificar la estrategia hasta hoy puesta en marcha para enfrentar a los criminales.

Paredes Rangel le aclaró que no está a discusión la responsabilidad del Estado para combatir la delincuencia, pero sí resultan preocupantes algunas características de lo que se lleva a cabo, sin retroceder en la complejidad de un país federalista, heterogéneo y diverso.

No quiero quedarme, después de esta conversación, con una sensación de que no tenemos expectativas. Rebasemos la frontera de lo que se puede convenir y (no) tengamos tentaciones autoritarias.

Al diálogo convocado por el jefe del Ejecutivo también acudieron los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez; de Convergencia, Luis Walton; de Acción Nacional (PAN), César Nava; de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi, y en representación del Verde Ecologista, el senador Arturo Escobar y Vega. El ausente, como ya había anunciado, fue el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

Cada uno de los asistentes fijó sus posturas en torno a la inseguridad pública, expresando su disposición a participar en la construcción de una política de Estado para el combate al crimen organizado.

César Nava enfatizó que la suma de fuerzas permitirá ser más efectivos y contundentes para contrarrestar la inseguridad pública.