El gobierno uruguayo trabaja en una iniciativa para dejar sin efecto la llamada Ley de Caducidad, que evitó juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), dijo este miércoles el canciller Luis Almagro.

El proyecto que prepara el Ejecutivo establecerá que los artículos 1, 2, 3 y 4 de esta ley colisionan con las normas internacionales a las que Uruguay se adhirió, explicó Almagro a radio Carve.

Hay una responsabilidad como Estado ante demandas planteadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El actual proyecto se apoya en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009, que estableció que la aplicación de Ley de Caducidad es inconstitucional en el caso que investiga la muerte de la comunista Nibia Sabalsagaray, en 1974.

El 25 de octubre de 2009, con las elecciones nacionales, los uruguayos rechazaron en un plebiscito anular la Ley de Caducidad, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo cuáles casos de violaciones de derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no.