n el curso de esta semana se informó que a consecuencia de la sequía y los incendios que azotan a Rusia, tercer exportador de trigo en el mundo, el gobierno de Vladimir Putin decidió restringir las exportaciones de ese cereal, lo que ha producido un brusco encarecimiento en los mercados internacionales: en dos meses, el bushel –medida de 27.3 kilos– del grano pasó de 4.35 a 7.25 dólares. En nuestro país el fenómeno ha tenido por resultado el incremento de 20 por ciento en el precio de la harina de trigo.
El hecho es por demás preocupante si se considera que el trigo constituye la base de una cadena productiva que podría, a su vez, acusar incrementos en sus productos finales –pan, galletas y pastas, entre otros– y generar, de esa forma, un nuevo factor de presión para la economía de los sectores mayoritarios de la población, de por sí debilitada por el desempleo y la severa inflación acumulada en años recientes, y en una profundización de la circunstancia de los millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Tales consideraciones debieran conducir a la adopción de medidas orientadas a proteger a las mayorías de los efectos del alza del trigo y de sus derivados, no sólo por un elemental principio de solidaridad, sino también para evitar –así sea en aras de la maltrecha gobernabilidad– un nuevo factor de descontento y exasperación sociales.
El incremento del trigo en los mercados internacionales ocurre en circunstancias nacionales especialmente adversas, cuando México ha llegado a una dependencia alimentaria de más de 50 por ciento, relación que en el caso del abasto del trigo se eleva hasta 55.4 por ciento. Tal escenario es resultado de la persistencia en una política agraria elaborada en los centros financieros internacionales, caracterizada por la apertura indiscriminada de mercados agrícolas y de especialización de cultivos, política que puede resultar atractiva a corto plazo, pero que tarde o temprano coloca a las naciones ante el riesgo de sufrir desabastos severos y, en última instancia, hambrunas.
El proteccionismo y el subsidio de cultivos esenciales pueden parecer medidas obsoletas y contrarias a la lógica de la disciplina fiscal, pero tienen, a fin de cuentas, el sentido de asegurar la alimentación básica de la población y de preservarla ante las fluctuaciones de los mercados mundiales. No es por capricho que Japón mantiene un férreo control sobre las importaciones de arroz y el subsidio a los campesinos arroceros, por más que resulte mucho más barato comprar ese grano fuera del país, y a pesar de que los gobiernos de la nación oriental se hayan mantenido, en lo general, fieles a los principios del libre mercado.
Cabe esperar que la presente coyuntura conduzca a la reflexión sobre estos asuntos y a la rectificación de políticas públicas cuestionables y peligrosas. Más aún, el abasto alimentario debiera figurar, con una alta prioridad, entre los temas de la seguridad nacional.
