En el uso arbitrario de la fuerza pública, elementos del Ejército Mexicano omitieron respetar la integridad física de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) asesinados durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y soldados en la capital de Nuevo León, asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo emitió una recomendación por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey ultimados el pasado 19 de marzo en las inmediaciones de la institución educativa.

Obstáculos para recabar datos

En el documento, dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Nuevo León, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva afirma que las dependencias federales y la administración estatal pusieron obstáculos para que la CNDH recabara información sobre los hechos, lo que impidió determinar quiénes asesinaron a los dos jóvenes.

“Es importante reiterar que no se cuenta con evidencia para determinar que los efectivos del Ejército Mexicano privaron de la vida a Arredondo Verdugo y Mercado Alonso, en virtud de la reiterada negativa de las autoridades responsables para acceder a las averiguaciones previas. Sin embargo, en éstas debe constar el análisis de las ojivas que quedaron alojadas en los cuerpos de los dos estudiantes, y que al extraerse debieron ser analizadas para determinar el calibre y las marcas que presentan, identificar si los impactos son procedentes de alguna de las armas de cargo de los elementos militares involucrados en los hechos o de las armas aseguradas, así como confirmar la trayectoria y posición víctima-victimario.”

Plascencia subraya que debe tomarse en cuenta que la falta de observancia de los deberes de cuidado y el uso de la fuerza pública, al sostener los elementos militares un enfrentamiento con armas de alto poder en las inmediaciones del campus Monterrey del ITESM, aumentó el riesgo a tal extremo que, finalmente, llevó a que perdieran la vida los dos jóvenes.

El primero de mayo pasado, Ricardo Nájera, vocero de la PGR, dijo en conferencia de prensa que los dos jóvenes murieron debido al fuego cruzado entre soldados y presuntos delincuentes. Agregó que con el análisis de las balas incrustadas en el cuerpo de uno de ellos se acreditó un calibre usado por la delincuencia.

En la recomendación, la CNDH señala que existió alteración de la escena de los hechos, pues se modificó la posición de los cuerpos, se les depositaron dos armas encontradas en el interior de la camioneta que perseguían los soldados y se destrozó la cámara de seguridad perimetral del ITESM, en la que quedaron registrados los hechos.

El organismo desmiente la versión inicial de la Sedena de que los jóvenes asesinados eran integrantes del crimen organizado y de que incluso descendieron corriendo de la camioneta que era perseguida por los soldados.

Las indagatorias acreditan que se trataba de estudiantes de excelencia que salían caminando del campus del ITESM al momento del enfrentamiento en el que fueron ultimados.

Agrega que tras recibir los disparos, las víctimas no murieron de inmediato, pues los dictámenes forenses revelaron que después de los impactos los jóvenes fueron lesionados en el rostro.

Las irregularidades detectadas implican un incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, lo que actualiza una violación a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia en agravio de las víctimas y sus familiares, asienta el documento de 31 páginas.

Agrega que los elementos del Ejército que participaron en estos hechos hicieron uso arbitrario de la fuerza pública en perjuicio de los dos jóvenes asesinados.

Tras el análisis de las pruebas, la CNDH acredita que hay elementos que permiten acreditar violaciones de los derechos humanos al trato digno, a la información, al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones, así como ejercicio indebido de la función pública.

En la recomendación, demanda que la Sedena indemnice a los familiares de las víctimas por la responsabilidad institucional en que incurrieron sus servidores públicos. Y, en su caso, que les brinde atención física y sicológica durante el tiempo que sea necesario. Además, pide que instruya a sus elementos para que se abstengan de manipular u ordenar que se alteren las escenas de los hechos.

Además, la CNDH solicita a la PGR que tome en cuenta la recomendación para la debida integración de la averiguación previa de los hechos y que se esclarezca el crimen.

Asimismo, hace un llamado al gobierno del estado de Nuevo León para que instruya al procurador general de Justicia que ordene a los agentes del Ministerio Público de la entidad que integren de forma completa, objetiva e imparcial las actas y averiguaciones previas iniciadas por hechos como los del presente caso.