l inaugurar el tercer Encuentro de Archivos Judiciales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, se comprometió ayer, en nombre del Poder Judicial, a evitar la violación de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.

Tales declaraciones resultan desatinadas, pues la tarea de la SCJN no es evitar delitos, sino garantizar la correcta impartición de justicia; esto es, que los actos delictivos sean sancionados en tiempo y forma y con apego a derecho, lo que incluye el castigo a los servidores públicos que cometen violaciones a los derechos humanos.

Lo que la SCJN está obligada a combatir es la abrumadora impunidad que se padece en el país, un deber que ha sido incumplido en buena parte de sus fallos, como la masacre de Acteal, en Chiapas, cuyos responsables intelectuales hasta la fecha no han sido señalados ni mucho menos sancionados. En episodios como los de San Salvador Atenco y la guardería ABC, la SCJN no ha mostrado voluntad para asegurar el castigo a los culpables.

Por otro lado, es plausible que la Corte haya excarcelado a Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo tres años y un mes presa, así como a Alberta Alcántara y Teresa González, quienes sufrieron casi cuatro años de encierro tras haber sido sentenciadas a 21 años de prisión. Los ministros de la SCJN también mostraron un sentido de justicia al ordenar la liberación de los 12 presos políticos de San Salvador Atenco, luego de cuatro años de cárcel. No obstante, esos mismos episodios fueron resultado de acusaciones falsas, procesos viciados y sentencias injustas, así que ponen de manifiesto las miserias del Poder Judicial en su conjunto y de la procuración de justicia en el país.

A la tardanza y parcialidad mostradas en los episodios referidos debe agregarse la falta de voluntad para castigar a los servidores públicos que violaron las garantías individuales de los procesados: en este sentido, cabe preguntarse si el compromiso de Ortiz Mayagoitia incluye la investigación y, en su caso, la sanción a los jueces que emitieron sentencias desmesuradas y manifiestamente injustas contra los luchadores sociales de Atenco y contra tres mujeres indígenas queretanas, y que fueron, con ello, cómplices de los atropellos correspondientes.

En suma, las promesas del presidente de la SCJN están fuera de las facultades de la institución que preside. En su lugar, sería pertinente que la máxima autoridad judicial obligara al cumplimiento del estado de derecho y garantizara con prontitud y eficacia el castigo de los delitos contra las garantías individuales.