Morelia, Mich., 17 de agosto. El auto de formal prisión no basta para la suspensión de derechos políticos, afirmó Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Consideró que aplicando la presunción de inocencia sobre el auto de formal prisión, aun como está la Constitución, aun sin reforma, podríamos reconocer los derechos políticos de algún candidato o precandidato.

Al participar en el panel Derechos políticos y uso de nuevas tecnologías, durante el sexto Congreso Internacional de Derecho Electoral celebrado en Morelia, González Oropeza enfatizó que dictar formal prisión pone en riesgo el sistema democrático. Aclaró que la presunción de inocencia no aplica en el caso del ex diputado electo del PRD Julio César Godoy Toscano, porque existe orden de aprehensión en su contra y es prófugo de la justicia.

En el panel sobre Partidos políticos y elecciones, el director de la revista Voz y voto, Jorge Alcocer, dijo que los institutos deben ser regulados, transparentes, y partir de la base de que las fuerzas políticas no representan al conjunto de la sociedad.

La doctora Bong-Scuk Sohn, diputada de la Asamblea Nacional de Corea del Sur (2004-2008), dijo que su país vive una transición democrática, pues hace dos décadas terminó con un régimen totalitario, pero el avance ha sido lento.

Carlos Ariel Sánchez, especialista en asuntos políticos de Colombia, manifestó que en esa nación han tenido éxito las candidaturas independientes apoyadas por grupos sociales, que han logrado derrotar en las urnas a partidos políticos fuertes.

El investigador estadunidense Kenneth Greene presentó un trabajo realizado en el estado de México y el Distrito Federal, en que analizó las relaciones clientelares de los partidos con la sociedad. Entre menor formación académica es mayor el compromiso de las personas con los partidos, aseguró.

Ciro Murayama, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que a raíz de la reforma de 2007 se redujeron los gastos de campaña en tres cuartas partes, tomando en cuenta los 2 mil millones de pesos que se destinaron en 2006 para propaganda en medios electrónicos.