San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de agosto. El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente a La otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció hosti- gamiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra integrantes del Consejo en los ejidos El Carmen y Joaquín Amaro, municipio de Pijijiapan, quienes participan en la resistencia contra las altas tarifas eléctricas.

Personal de la CFE ha entrado a las comunidades a tomar fotografías durante esta semana a los compañeros en resistencia. A la vez, la paraestatal envió citatorios, firmados por Romina Escobar Nataren, apoderada legal de la CFE en Tapachula, estableciendo plazos para el pago del adeudo y amenazando con que de no efectuarse, iniciaría las acciones legales que resulten procedentes contra pobladores de El Carmen y Joaquín Amaro.

En la ciudad de Tonalá, el centro de derechos humanos Digna Ochoa demandó el cese del hostigamiento a los integrantes del Consejo Autónomo Regional, y a las amenazas de la CFE a integrantes de la resistencia civil en Pijijiapan, responsabilizando a los gobiernos estatal y federal por permitir estas actuaciones desmedidas de la paraestatal.

A su vez, dicho centro denunció la liberación injustificada de dos agresores contra la tortillería autónoma de Tonalá y contra defensores de derechos humanos. El 29 de mayo pasado, Romeo y Manuel Cueto Noriega participaron en un violento ataque, que fue denunciado como daños dolosos y pandillerismo, y bajo esos cargos, el 28 de junio se ordenó la radicación de la causa penal. El primero de julio se dictó la orden de aprehensión, pero fue ejecutada hasta el 30 y 31 de julio, un mes después. Los indiciados fueron llevados al penal estatal El Amate, donde, luego de rendir su declaración preparatoria, fueron liberados por las autoridades judiciales, aunque estaban sujetos a proceso.

La red de protección oficial a los detenidos descrita por el centro Digna Ochoa empieza con el juez tercero penal Jorge Segismundo Rotter Díaz y Maricela Beatriz Hernández Castellanos, primera secretaria de acuerdos de Tuxtla Gutiérrez con sede en El Amate. Además, los detenidos, miembros de la Sociedad Cooperativa de tortilleros Roberto Avendaño, a través de ésta solicitaron la intervención de Reynaldo Aguilar, subsecretario de Gobierno Istmo-Costa y de otros funcionarios, para que estos a su vez pudieran negociar su libertad, ya que el delito por el cual estaban detenidos era grave. El 4 de agosto el juez decretó la libertad inmediata de los acusados por falta de elementos.

Esto, añade el centro Digna Ochoa, motiva la poca credibilidad de las instituciones de justicia en nuestro estado, poniendo en libertad a gente que se ha dedicado a amenazar, hostigar, perseguir, intimidar, agredir, y demanda que “una investigación imparcial de la actuación de los funcionarios para que los indiciados pudieran obtener su libertad inmediata, quedado impune sus delitos.