omo lo había anunciado desde el pasado miércoles, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó ayer una demanda civil por daño moral en contra del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y del vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, luego de que éstos acusaron al gobierno local de haber sobornado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que avalaran la constitucionalidad de los matrimonios del mismo sexo.

Aunque ayer los acusados intentaron descalificar la querella comentada –Sandoval Íñiguez sostuvo que lo dicho, dicho y ya, mientras Valdemar acusó al gobierno capitalino de emprender una persecución religiosa de tipo legaloide y de usar el poder y los recursos públicos para vengarse de él y del prelado jalisciense–, lo cierto es que con ella se sienta un precedente valioso en la defensa de las instituciones, la legalidad y el carácter laico del Estado.

Cabe recordar, por lo demás, que la acusación presentada formalmente por Ebrard contra los prelados viene precedida de una serie de declaraciones que resultan jurídicamente inaceptables y legalmente punibles: desde los señalamientos homófobos y discriminatorios formulados por el obispo de Guadalajara –quien inquirió a representantes de los medios de comunicación si les gustaría que los adoptara un marica (sic) o una lesbiana– hasta los asertos de que los ministros del máximo tribunal se dejaron maicear por el gobierno local y los recurrentes llamados a desconocer leyes que, en la visión del clero, resultan aberrantes y perversas, como los articulados del Código Civil capitalino modificados a fines del año pasado.

Tal conducta de las autoridades eclesiásticas ameritaría la intervención de la Secretaría de Gobernación, autoridad responsable de regular el comportamiento de las instituciones religiosas y de salvaguardar la laicidad del Estado. Sin embargo, la actitud cuando menos remisa con que las administraciones federales panistas han reaccionado ante otras faltas de la jerarquía católica se ha sumado ahora a la propensión del gobierno calderonista a hacer suyas las posiciones del clero en el caso de los matrimonios entre homosexuales, como quedó en evidencia con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Procuraduría General de la República ante la SCJN en contra de esas uniones. Estas consideraciones ahondan inevitablemente la percepción de un sesgo confesional inaceptable en el ejercicio del poder público.

Dicho alineamiento quedó en evidencia también con la decisión de incorporar a los representantes del clero católico a las jornadas del Diálogo por la Seguridad recientemente realizadas. Flaco favor hace el gobierno federal en turno a su propia imagen y credibilidad cuando, por un lado, insiste en sus llamados a salvaguardar la legalidad y el estado de derecho, y por el otro, involucra en el desarrollo de las políticas correspondientes a un sector que es completamente ajeno a esas responsabilidades y que, por si fuera poco, tiene por práctica común pregonar la subversión de las leyes.

En suma, la decisión del gobierno de la capital de poner en alto a una jerarquía católica cada vez más desbocada y altanera pone en evidencia, por contraste, la permisividad y las omisiones injustificables por la administración calderonista en el cumplimiento de responsabilidades fundamentales de gobierno.