El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, anunció que las parejas de trabajadores gay que cotizan en el organismo no tendrán acceso a servicios de salud y pensiones, porque no están contempladas en la Ley del Seguro Social, cuya modificación está a cargo únicamente del Congreso de la Unión.

A mí no me corresponde decir si estoy a favor o en contra de que se modifique la ley, lo que me corresponde es aplicarla tal y como está, señaló al término de la ceremonia de graduación de la cuarta generación de enfermeras del programa IMSS-Oportunidades, realizada la mañana del miércoles en el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Según un análisis realizado por dicho instituto en 2009, hay más de 347 mil derechohabientes homosexuales mayores de 15 años, con una edad promedio de 35.3 años entre los hombres y de 33.5 en las mujeres.

De ese total, 59 por ciento tendría una pareja estable con la que comparte el hogar, quienes en la situación actual no estarían amparados con los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, enfermedad y maternidad.

Por otra parte, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, rechazó que la dependencia a su cargo haya sufrido un revés por la aprobación de la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho de esas parejas a adoptar menores de edad.

Entrevistado al término de la inauguración del Congreso internacional: uso de la fuerza pública en un estado de derecho democrático, aseguró que la PGR promovió la controversia constitucional por considerar que las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no estaban apegadas a lo que establece la Constitución, argumento desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su lado, la Corte guardó ayer silencio ante el nuevo señalamiento del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien aseguró contar con pruebas que demuestran que los ministros fueron maiceados por el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, para que avalaran la adopción por matrimonios gays.

Fuentes oficiales señalaron que el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, no tenía ningún comentario al respecto; tampoco se informó si había emprendido a nombre de sus compañeros del pleno o del suyo propio alguna acción legal en contra del purpurado.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, Ortiz Mayagoitia está obligado a solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación (SG) para que ésta actúe en consecuencia en contra del cardenal por haber acusado a los ministros de corruptos.

El presidente de la Corte se sumó con los otros integrantes a la censura que hizo a título personal el ministro Sergio Valls a las declaraciones del jerarca católico. Falta ver si en los próximos días Valls cumple con que, de considerarlo pertinente, actuaría legalmente en contra de el cardenal Sandoval porque sus acusaciones fueron hechas sin fundamento.

Por otra parte, Jorge Carpizo McGregor, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respaldó totalmente la denuncia por daño moral interpuesta por Ebrard contra Sandoval Íñiguez. Afirmó que la Secretaría de Gobernación haría muy mal si se cruza de brazos ante la intervención de representantes de la Iglesia católica en temas de políticas públicas.

Dijo: No dejemos pasar esto, porque si se deja el deterioro que viene va a ser peor. Si una iglesia o un jerarca de una iglesia está atacando a las instituciones viola la Constitución, señaló en entrevista quien fuera procurador general de la República.

A su vez, Ana Luisa Nerio, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, saludó la denuncia interpuesta por el mandatario local, porque sienta un precedente que deja muy claro a cualquier representante de las iglesias que no se puede ir haciendo declaraciones sin mayor sustento que la opinión personal y moral.

Asimismo, desde la tribuna de la Comisión Permanente el diputado perredista Agustín Guerrero, en nombre de sus compañeros de bancada, demandó que el Senado dictamine la minuta para reafirmar el carácter laico del Estado mexicano.

Por la noche, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, señaló en entrevista con CCM Radio (emisora por Internet de la Congregación Sociedad San Pablo) que presentarán ante las autoridades una solicitud de procedimiento de juicio político en contra de los nueve ministros de la SCJN que votaron está atrocidad que permite la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Martínez aseguró que los ministros soslayaron argumentos científicos y jurídicos que se les presentaron y finalmente fallaron en contra de los niños.