Siete servidores públicos y tres particulares fueron denunciados penalmente por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto fraude en la venta de una planta vitivinícola, en posesión del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del gobierno federal. Además, en caso de que proceda la demanda, enfrentarán penas de cárcel hasta por 12 años y los funcionarios debieran pagar multas por unos 15 millones de pesos.

Los funcionarios subastaron la planta vitivinícola (ubicada en Caborca, Sonora, que fue entregada a Banrural como pago de un adeudo de 14 millones de pesos) en 4.8 millones a Destiladora del Norte, SA (Denosa). Ese corporativo se constituyó en Jalisco 10 días antes de la publicación de la subasta difundida por el SAE en su portal electrónico.

La única participante en la subasta fue Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa, corporativo integrado por José Rubén Romero Valencia y Miguel Ángel Romero Gómez.

Tres de los funcionarios del SAE fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos hasta por 10 años y cada uno fue sancionado con una multa de 4 millones 828 mil 906 pesos. Además de estas sanciones, los servidores públicos y los particulares podrían recibir penas de privación de libertad de tres a 12 años.

De acuerdo con información obtenida por La Jornada, los funcionarios del SAE sancionados con inhabilitación de 10 años y multa de casi 5 millones de pesos son: José Andrés Casco Flores, director corporativo de mercadotecnia y comercialización; Francisco Farfán Bortolini, director ejecutivo de mercadotecnia, inteligencia de mercado y valuación, y Gerardo Govea Hernández, coordinador de comercialización de bienes inmuebles.

Después del presunto fraude, Casco Flores fue director general de Correos de México de enero a septiembre de 2009. Antes, de enero de 1995 a 2000, se desempeñó como subsecretario de Planeación de la Secretaría de Agricultura.

Otros servidores públicos amonestados con suspensión de 90 días son: Salvador Morquecho, director ejecutivo de bienes inmuebles, y el apoderado legal del SAE, Fernando Guadalupe Salinas. Aparte, Adrián Fajardo Castellanos, apoderado legal, fue inhabilitado seis meses, y Telmo Azorín Bernández, administrador titular de valuación de bienes.

Los particulares denunciados son: Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del SAE; Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa, y Romero Valencia, administrador de Denosa.

De la indagatoria de la SFP se desprende que en la publicación de la subasta, el 8 de marzo de 2007, los funcionarios del SAE omitieron un terreno de 15 hectáreas que la planta vitivinícola tiene como servidumbre de paso y la concesión de un pozo de agua. Sólo especificaron que había un terreno de seis hectáreas y equipamiento industrial. Pero en la escritura en favor de Denosa formalizaron la venta de los dos terrenos (de 15 y 6 hectáreas), el pozo de agua y el equipamiento industrial.