En México prevalecen severos problemas con el ejercicio de la libertad de expresión por los periodistas, pues éstos son víctimas no solamente de la presión que de diferentes formas ejercen funcionarios de gobierno (de todos los partidos políticos), sino también de la delincuencia organizada, señaló Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex).

En entrevista concedida al concluir la ceremonia de adhesión de agrupaciones políticas nacionales (APN) al compromiso de libertad de expresión, promovido por dicha fundación, Prida señaló que mientras los funcionarios de gobierno por lo general presionan a los medios de comunicación retirando publicidad oficial, realizando auditorias fiscales o pidiendo el cambio de reporteros, entre otras prácticas, los grupos criminales ligados al narcotráfico optan por estrategias como el secuestro, la extorsión, el robo y el asesinato de periodistas.

Ante la existencia de estas tácticas de censura, Prida respaldó la propuesta hecha por el relator de Naciones Unidas, Frank La Rue, quien dijo el pasado martes en Ciudad Juárez que los delitos en contra de periodistas deben ser de orden federal.

Necesitamos tener una ley federal que juzgue parejo, y no leyes estatales cuya aplicación pudiera ser incluso coaccionada por el crimen organizado que existe en el lugar de origen del delito; esto tiene que verse a nivel federal y el delito ser juzgado no en el sitio de origen por los problemas de seguridad (...) En los últimos diez años más de 62 periodistas han sido asesinados por el crimen organizado y otros más han sido desaparecidos.

Con esto coincidió Mao Sáenz Culebro, de la ANP Parnaso, quien dijo que se debe hacer una reforma para proteger la labor periodística; los crímenes en contra de periodistas deben ser atendidos a nivel federal y con penas más severas. Lamentó que la libertad de expresión en México todavía no sea una realidad plena, pues hay intentos por acallar las voces que denuncian verdades, tanto por parte de la delincuencia organizada como por integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos autónomos. También hay que derogar leyes retrógradas que obstaculizan el ejercicio de la libertad de expresión”.

Prida indicó que los crímenes que comete la delincuencia organizada en contra de periodistas forman parte también de una estrategia para llamar la atención, no sólo del medio al que pertenecen los afectados, sino también para “otros periodistas digan ‘a mí me va a pasar lo mismo’ y se queden callados; ahí viene la autocencura”. Y todo esto ocurre cuando los comunicadores tocan los intereses de los grupos delincuenciales con su información.