Bogotá 19 de agosto. El gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no descarta incluir las inquietudes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) al suspendido tratado militar suscrito con Estados Unidos que le permitía emplear siete bases militares en este país, admitió hoy la ministra del Exterior María Ángela Holguín.

El gobierno va a revisar el acuerdo a la luz de las necesidades del país, dijo la jefa de la diplomacia colombiana en declaraciones a emisoras de radio.

No solamente Venezuela, sino Unasur, solicitaron que se agregaran algunos párrafos que, argumentaron, les darían la tranquilidad de que no iba a pasar absolutamente nada con las bases en Colombia. Eso seguramente lo vamos a considerar dentro del análisis al que será sometido el acuerdo, expuso.

La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la aplicación del tratado que autoriza a Estados Unidos el uso de siete bases militares en el país, así como el ingreso de sus efectivos por cualquier aeropuerto o terminal marítima.

En respuesta a una demanda del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el alto tribual ordenó someter ese convenio a la aprobación del Congreso.

El acuerdo, suscrito en octubre de 2009 por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el del ex presidente Álvaro Uribe, fue rechzado por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina.

En otros temas, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, informó que el gobierno de Colombia presentará al Congreso un proyecto de ley que busca restituir a campesinos las tierras robadas por paramilitares y legalizadas en manos de testaferros.

El funcionario formuló el anuncio el miércoles en el contexto de un debate en el Congreso sobre el tema, en el cual trascendió que los paramilitares que se desmovilizaron apenas han devuelto 6 mil 600 de 5 millones de hectáreas que se apropiaron de manera ilegal.

En este contexto, al menos cuatro desplazados por la violencia de grupos guerrilleros y paramilitares se ataron pies y manos, y se cosieron los labios, a manera de protesta para exigir al gobierno la entrega de los subsidios que les prometieron y que debieron ser entregados hace varios meses.

Uno de los manifestantes explicó que dsde noviembre pasado no ha recibido la ayuda prometida y la única respuesta que ha obtenido de Acción Social –oficina estatal dedicada a la atención de víctimas del terrorismo–, es que el sistema está dañado.

Unas 36 personas mantienen un plantón frente a oficinas de Acción Social en espera de una solución.