La concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático en México, concluyeron los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.

Agregaron que el derecho a la libre opinión también se ve coartado por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de regulación de la publicidad oficial, cuyo manejo es discrecional.

Al presentar las observaciones preliminares sobre su visita de trabajo conjunta al país –efectuada del 9 al 24 de agosto y que incluyó Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y estado de México– para revisar la situación de la prensa, los relatores señalaron que de 2000 a la fecha, México se ha convertido en el país más peligroso de América para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno. Puntualizaron que el crimen organizado es la mayor amenaza para el gremio, aunque también hay agresiones de grupos armados presuntamente ligados a partidos políticos y de militares y policías.

Dijeron que el Estado no sólo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, también tiene que prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares (incluido el crimen organizado). Además, es su obligación investigar, juzgar y sancionar a los autores de dicha violencia.

Ante las conclusiones preliminares, el gobierno de México informó que las examinará cuidadosamente, en particular las recomendaciones, y establecerá los mecanismos más adecuados para su seguimiento y futura implementación.

El documento, presentado ayer en Casa Lamm por los relatores, recomienda que el Estado mexicano cumpla y garantice el derecho a la libertad de expresión, la seguridad de medios y periodistas, el castigo a quienes agreden a los comunicadores y la equidad en la asignación de frecuencias. Informaron que uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en México son los asesinatos de periodistas y la impunidad de estos crímenes.

Botero y La Rue lamentaron que las únicas cifras oficiales sobre la violencia contra periodistas sean las recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reportan en la reciente década –periodo en que el PAN ha gobernado el país– el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones en los cuatro años pasados. De estos casos, 29 homicidios y cinco desapariciones han ocurrido del año 2008 a la fecha. A estas cifras hay que sumar los secuestros, atentados con explosivos contra medios, así como las amenazas y hostigamientos.

En los estados con mayor presencia del crimen organizado, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa, sobre todo local, se ha silenciado a sí misma. Mencionaron que hay casos extremos en los que el narcotráfico ha intentado activamente influenciar los contenidos de los medios, lo que impacta tanto en prensa regional como en la nacional.

Los relatores llamaron al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión a adoptar una legislación que permita desconcentrar el monopolio de los medios para generar un espacio mediático plural y accesible a toda la población, así como establecer procedimientos sencillos y accesibles para que las comunidades indígenas puedan hacer uso de frecuencias.

Al mediodía, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, y Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacaron su coincidencia con diferentes señalamientos y observaciones que hicieron los especialistas.

Entre ellas, se encuentra la coincidencia en torno a que el crimen organizado es la amenaza más grave contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión por medio del periodismo, y que es necesario reforzar la fiscalía especializada en esta materia para investigar las denuncias y combatir la impunidad de los agresores, pues desde su creación en 2006 no ha logrado la sanción penal a un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos.

Por lo que hace al señalamiento de los relatores en torno a que los comunicadores también reciben agresiones provenientes de poderes públicos, los funcionarios reiteraron su apertura para conocer los casos y actuar en consecuencia en el marco de la legalidad.

En conferencia de prensa convocada en la la cancillería, Villarreal se refirió a las amenazas que recibieron La Jornada Zacatecas y el diario Imagen por parte de Los Zetas, para que publicaran un desplegado contra el Ejército, e informó que se puso en contacto con el fiscal especial de la PGR para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, a fin de activar a la delegación de la procuraduría. Sumado a ello, se establecieron medidas de protección –que están operando desde el pasado jueves– para directivos, reporteros e instalaciones de los dos periódicos mencionados.