n un acto encabezado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, presentó una nueva estrategia para el combate y la prevención del lavado de dinero. La propuesta incluye el envío de una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir los pagos en efectivo por la adquisición de cualquier bien inmueble, así como por la compra de vehículos, joyería, boletos de apuestas o sorteos y títulos accionarios con un valor de más de 100 mil pesos. Asimismo, se plantea establecer bases de datos de movimientos financieros y mejoras en el uso de información de inteligencia para supervisar las transacciones internacionales. A decir de Calderón Hinojosa, con estas acciones se podrá cortarle en buena medida recursos a la criminalidad, lo cual implica propinarles un golpe certero en una parte neurálgica, en una parte central de su operación y funcionamiento.

La estrategia anunciada tiene, en principio, elementos positivos –como el reconocimiento de la necesidad de golpear el nervio económico y financiero de las organizaciones delictivas–, por más que resulte tardía: medidas como las descritas, más otras de mayor calado, debieron adoptarse cuando menos al inicio de la actual guerra contra el narcotráfico, que ha cobrado más de 28 mil vidas y ha sembrado violencia, temor y zozobra en todo el territorio nacional. Es razonable pensar que la estrategia oficial contra la delincuencia organizada no habría tomado un derrotero tan trágico ni estaría teniendo un costo tan exasperante en vidas humanas, en desintegración institucional y en angustia generalizada, si se hubiera empezado por debilitar financieramente a las corporaciones criminales antes de lanzar sobre ellas el poder militar del Estado.

Hoy día, los propósitos del gobierno federal en materia de combate al lavado de dinero y su capacidad para llevarlos a cabo contrasta con realidades tan apabullantes como los datos que publicó The Washington Post en su edición de ayer: México y Estados Unidos incautan menos de uno por ciento del dinero en efectivo que atraviesa la frontera común, un monto que apenas hace mella en los cárteles de la droga.

Por otra parte, es cuestionable que medidas coyunturales como las comentadas sean eficaces para combatir una problemática de naturaleza estructural, como la que representa el lavado de dinero. El monto que ingresa anualmente al país por actividades ilícitas podría ser de 10 mil millones de dólares al año, si se atiende a las cifras de excedentes difíciles de explicar en el sistema financiero, reportadas recientemente por la propia SHCP, o bien de entre 30 o 40 mil millones de dólares, si se hace caso a diversas estimaciones extraoficiales y de agencias de seguridad privada e inteligencia.

En todo caso, no queda claro que las acciones delineadas ayer por Cordero basten para combatir una actividad delictiva que ha adquirido, en años recientes, una dimensión de sector de la economía, y que involucra necesariamente a circuitos financieros integrados por bancos, casas cambio, centros bursátiles y negocios diversos.

En suma, la visión unidimensional en la que se ha sustentado el combate a los fenómenos delictivos, junto con los efectos desastrosos de más de dos décadas de aplicación de las políticas neoliberales, han provocado que, en la circunstancia actual, la industria delictiva represente uno de los ramos más dinámicos y pujantes en el terreno económico. Ante esa perspectiva, y por incómodo que resulte, es necesario preguntarse si se cuenta con un plan para cubrir el boquete financiero que dejaría en la economía una reducción significativa del lavado de dinero en caso de que la estrategia anunciada ayer por el secretario de Hacienda obtenga la aprobación del Legislativo, se aplique en la práctica y resulte exitosa.