El secretario de Gobernación, Francisco Blake, se reunió ayer con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, para analizar las consecuencias de la masacre de 72 migrantes indocumentados ocurrida en el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, y condenaron de manera enérgica el asesinato masivo, que pudo ser conocido tras la denuncia de un sobreviviente que solicitó ayuda a elementos de la Secretaría de Marina.

En la reunión se acordó que las investigaciones de los homicidios las realizarán de manera conjunta las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado para llevar a los responsables materiales e intelectuales ante la justicia.

La Secretaría de Gobernación reportó que ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar el combate contra la delincuencia organizada y de intensificar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

En la reunión se convino también que deben aplicarse nuevas medidas legales para debilitar las estructuras financieras criminales, e impulsar el combate al tráfico de armas.

Como parte del análisis sobre las secuelas del asesinato de migrantes, se consideró la importancia de reforzar la protección de los grupos vulnerables ante las acciones del crimen organizado.

Ambos funcionarios afirmaron que es imperativo impedir que la delincuencia organizada se aproveche de la situación (de los migrantes) para extorsionarlos, secuestrarlos o reclutarlos para cometer ilícitos.