Ante las críticas del presidente Felipe Calderón al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó su conducta violatoria de la Constitución durante los pasados comicios locales, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, salió en defensa de los criterios aplicados, y señaló que si bien hay disposiciones que garantizan la libertad de expresión, también se regula la propaganda gubernamental en los periodos de campañas.

Valdés aseguró que con el fallo se garantiza que para los comicios de 2012 las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales tendrán los elementos para garantizar la equidad de la contienda y evitar que no sólo el titular del Ejecutivo federal, sino cualquier funcionario público, viole las restricciones legales en la materia.

Subrayó que si bien es importante salvaguardar la libertad de expresión, en este caso del Presidente, también lo es acatar las restricciones de orden electoral que garanticen la equidad.

Sin embargo, reconoció que pese a la resolución del TEPJF no hay posibilidades de sancionar a Felipe Calderón por las violaciones en que incurrió en materia electoral.

Por lo anterior, Valdés apremió al Congreso a emitir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, con el fin de poder sancionar a los funcionarios públicos que violen el marco legal electoral.

En entrevista, durante los trabajos de la séptima edición de la Semana Nacional de Transparencia, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y luego en una conferencia en el IFE, recordó que desde 2008 el órgano electoral ha señalado que está pendiente la ley reglamentaria del artículo mencionado, que es uno de los que regula la participación de los funcionarios públicos en las elecciones y establece la obligación de usar los recursos públicos con equidad.

Entrevistado por separado, el consejero electoral Francisco Guerrero definió el fallo como histórico, porque atiende las señales de alerta registradas desde 2006 y apunta a evitar que en los próximos comicios presidenciales se repita el escenario de activismo del titular del Ejecutivo, que lastimó tanto la contienda de ese año.

Con la resolución queda claro el mensaje de responder a lo que fue una importante llamada de atención al sistema político mexicano en 2006, al punto que debió recogerlo el TEPJF en la calificación presidencial, aseguró Guerrero.

Señaló que esta decisión del tribunal allana el camino para que en 2012 se realice una elección presidencial con mayor equidad que la anterior.

Además, subrayó que las decisiones del TEPJF son inatacables y, por ello, me deja tranquilo que, a pesar de exponer su inconformidad, el Presidente asume su disposición de acatarla.

Sin embargo, no todos los consejeros electorales estuvieron plenamente de acuerdo con la resolución que ratificó la decisión que en su momento adoptó el instituto.

El consejero electoral Alfredo Figueroa, si bien ponderó la importancia que tiene la resolución en cuanto limitar el uso de las cadenas nacionales para difundir mensajes propagandísticos presidenciales, también criticó que los magistrados hayan ido más allá y limitado también la convocatoria a ruedas de prensa.

Figueroa consideró que este criterio rayaba en limitar la libertad de expresión del Presidente, toda vez que impone limitantes aun en el caso en que el titular del Ejecutivo considere fundamental hablar sobre un tema fundamental para el país, y los medios de comunicación pudieran atender la convocatoria en función de la importancia informativa del tema y con plena libertad editorial.