l 30 de junio pasado, el ejercito del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cerca de la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus generales a las autoridades locales. La negativa a proporcionar nombres y apellidos no es casual ni caprichosa. Los ciudadanos de Eritrea temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza sobre las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de uno de los protagonistas, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: El 29 de junio, funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias. Y más adelante: El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión. Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sahara.

Quien intentó escapar o rebelarse a la decisión de la deportación mil kilómetros más al sur, fue golpeado y torturado, explica el testimonio. Los migrantes se encontraron, de un día para otro, en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, que no prestan oído a los reclamos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La oficina de las Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna con pretexto sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación se adscriben a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. Estamos desesperados, dijo otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular escondido. Si no obedecemos, nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos, serán nuestras familias las que van a morir, pues se vengarán con ellos porque nosotros escapamos.

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad que los migrantes son los potenciales refugiados que el gobierno italiano ha expulsado en los meses pasados. Es decir, esos seres humanos son parte de aquellos migrantes que la armada italiana detuvo ilegalmente en alta mar y regresó a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro del Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: Intervengan.

El gobierno italiano, aún callando cualquier implicación en el caso, echó a andar la maquinaria diplomática para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pero lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo. En otras palabras: los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. Un acuerdo de liberación que fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

El gobierno italiano nunca se echó para atrás [...] en la cuestión de los derechos humanos, se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras responsabilizar a la Unión Europea, porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos, añadió que no hay ninguna prueba de que los ciudadanos de Eritrea objeto de esta persecución hayan sido deportados por parte de Roma. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto publicaba un video realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el que se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en la grabación corresponden a nombres de las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces, ¿pero cuál libertad? La libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe, primero de investigar los abusos de estos días por parte de las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan y, tercero y más importante aún, que se otorgue el reconocimiento debido del estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo: nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea: el trabajo os hará libres.