as recientes declaraciones del secretario de Desarrollo Social, con motivo de la inauguración de la Conferencia Mundial de la Juventud realizada en el estado de Guanajuato, con los mismos tintes políticos de otros encuentros recientes, constituyen una muestra más de las limitaciones éticas y mentales del actual grupo gobernante, que parece no entender en su conjunto las responsabilidades propias del gobierno, según lo marca la Constitución.

Calificar a los jóvenes –que en cifras abrumadoras se encuentran ante una realidad que no tiene nada que ofrecerles para su mera subsistencia– como enfermos mentales, incapaces de encontrar por ellos mismos las formas de construir su futuro, conforma además de insensibilidad política, una declaración cínica e inaceptable para alguien que supuestamente tiene a su cargo la responsabilidad del desarrollo social del país.

La Secretaría de Desarrollo Social es de reciente cuño: su creación es de alguna manera la aceptación tácita de los últimos gobiernos de que las políticas económicas neoliberales estaban generando pobreza, sin que pudieran hacer nada para revertir los efectos perversos que ellos estaban creando, y que la aplicación de paliativos, mediante la distribución de apoyos económicos, era estrictamente necesaria para evitar posibles estallidos sociales. Para el actual gobierno, proclive a la violencia, seguramente la represión es más barata y eficiente, y los regaños del funcionario constituyen una advertencia en este sentido.

Las declaraciones, por otra parte, no sorprenden ya, luego de otras igualmente desafortunadas, que datan de los tiempos del ¿Y yo por qué?, pero superadas sin recato por quienes sintiéndose en una especie de limbo no se consideran responsables ni de la inseguridad rampante, ni de la falta de prevención ante posibles desastres, pero tampoco del desempleo y la pobreza creciente, de la corrupción , ni de ningún otro de los problemas que existen sólo en nuestra imaginación, y de la cual somos nosotros los únicos responsables.

Recientemente un destacado miembro del PRI se refirió al gobierno de los cuates, refiriéndose a los funcionarios del actual gabinete. Independientemente de que la imagen que tengo de este congresista no es la mejor del mundo, creo que tiene razón al decirlo, porque al analizar los antecedentes de todos estos funcionarios de Felipe Calderón, lo mejor que podemos esperar de ellos es que no hayan hecho, ni destacado en nada.

¿Cuál es la explicación de cómo alguien puede llegar a un puesto de secretario de Desarrollo Social, de Educación o de Comunicaciones sin que exista alguna razón para ello, aparte de un lazo de amistad directa o indirecta (por recomendación) con el Presidente? Me atrevo a pensar solamente en dos: el desdén del Presidente mismo por el país que ha sido puesto en sus manos, así como por los hombres y mujeres que viven en él, o bien la incapacidad del mismo personaje para entender la grave responsabilidad que implican los diferentes puestos de secretarios de Estado, así como de la suya propia como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso actual, creo que se trata de la primera razón, aunque con algunas dudas sobre la segunda. Cuando yo era apenas un estudiante de la Universidad Nacional, me sentía orgulloso de que Javier Barros Sierra –quien era considerado uno de los ingenieros más brillantes del país– fuese el ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, luego de que había sido director de mi escuela. Ello sucedió durante el gobierno de Adolfo López Mateos.

En todos los gobiernos anteriores al de Carlos Salinas de Gortari hubo otros destacados mexicanos, como el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones con Luis Echeverría, o el doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salud algunas veces y director del IMSS en otros gobiernos; Hugo Margáin o David Ibarra, secretarios de Hacienda, o don Manuel Tello y Jaime Torres Bodet, en las secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, figuras de relevancia nacional, por sus ideas y sus hechos, mucho antes a su llegada a los altos puestos de gobierno.

Seguramente en los gobiernos priístas hubo funcionarios corruptos e incompetentes, pero también otros de imagen intachable, competentes y comprometidos con el país, incluso era claro que muchos de estos hombres representaban intereses y grupos de poder, como los de los médicos, de los ingenieros, de los economistas, de los industriales o de los militares, pero la diferencia era que esos grupos también estaban comprometidos con México, y sus intereses no constituían riesgos para el resto de la nación.

Difícilmente se podía pensar que esos hombres fueran amigos o cuates del presidente; la capacidad, la visión y el liderazgo iban por delante de los nombramientos políticos.

Eso ha cambiado radicalmente. En el gobierno de Fox, siguiendo los cánones establecidos en las grandes empresas, se optó por contratar los servicios de head hunters, con resultados bastante pobres por cierto, pero los grandes problemas estaban en otras partes, la corrupción familiar incluida, esa que el actual gobierno ha soslayado sin recato y con un alto costo político y de credibilidad para Felipe Calderón.

La conformación del gobierno actual es distinta y se caracteriza por una desmedida cantidad de amigos personales del actual mandatario, algunos de los cuales podrían catalogarse incluso como cómplices, por el trabajo sucio que realizaron en la campaña política que lo llevó al poder, y otros más que responden a recomendaciones de los diferentes grupos que con sus recursos financieros o sus malas artes (como Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, etcétera) constituyen compromisos para ese mismo fin.

Sería deseable que estas prácticas fueran desterradas en el futuro; al menos no tendríamos que enterarnos de discursos patéticos como el aquí comentado.