Hay una brutal y penosa diferencia entre la forma como actúan los gobiernos e industriales del ramo minero en México ante las tragedias que ocurren en las minas y como las atienden otros gobiernos en el mundo, señalaron el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros e integrantes de Familia Pasta de Conchos, al analizar las ilegalidades en las que, según señalan, han incurrido funcionarios mexicanos para proteger a los verdaderos culpables de las muertes de trabajadores.

El sindicato hizo ver que mientras en la reciente tragedia ocurrida en la mina San José, de Chile, el gobierno se ha abocado a intentar rescatar a los 33 mineros atrapados, en México durante la tragedia ocurrida en febrero de 2006, a cinco días escasos de la explosión, Grupo México y el entonces secretario del Trabajo, Javier Salazar Sáenz, decidieron unilateralmente cerrar la mina, a pesar de la protesta de las familias y sin comprobar si los mineros atrapados seguían vivos.

Gobierno y Grupo México dieron por terminada la labor de rescate, con la evidente intención de evitar que se descubriera la negligencia de la empresa, por las inhumanas condiciones de seguridad, higiene industrial y salud que prevalecían en esa mina. Además de que en Pasta de Conchos el presidente Vicente Fox nunca se presentó, lo que es una enorme diferencia con los gobernantes de China, Estados Unidos y Chile, donde los mandatarios han acudido a conocer in situ la situación de los mineros y han encabezado las acciones emprendidas para su rescate.

De acuerdo con el sindicato, en Pasta de Conchos, donde perecieron 65 trabajadores, muy probablemente al momento del cierre de la mina había mineros vivos rescatables, y esa clausura arbitraria los llevó a la muerte, por lo que están convencidos de que se trató de un crimen industrial.

Más aún, se impidió a toda costa rescatar los cadáveres de los mineros, y se ha objetado durante más de cuatro años la posibilidad de reabrir la mina, señalaron los representantes de Familia Pasta de Conchos, quienes han librado una batalla legal en diversas instancias, incluidos organismos internacionales, para poder rescatar a sus difuntos, y a quienes, según señalaron, para acallarlos se les ofreció una indemnización indigna.

Las diferencias entre las acciones que toman otros gobiernos y lo que hace el mexicano son abismales, detalló el sindicato minero.

En la provincia de Shanxi, en China, autoridades y equipos de salvamento de la empresa no cejaron en su empeño de salvar a los trabajadores de una mina de carbón siniestrada, hasta que el 6 de abril encontraron a 114 mineros que sobrevivieron ocho días y ocho noches bajo tierra, de un total de 153 hombres atrapados tras la inundación de la mina.

En el yacimiento de carbón Upper Big Ranch, en West Virginia, murieron un total de 29 mineros, pero el presidente Barack Obama visitó dos veces la mina, exigió deslindar responsabilidades y su gobierno presionó a los dueños de la mina, filial de Massey Energy Co., hasta lograr indemnizaciones de 3 millones de dólares por familia, frente a los mezquinos 7 mil dólares que inicialmente Grupo México ofreció a los deudos en Pasta de Conchos.

En tanto, en Chile siguen las labores de rescate de los 33 mineros que sobreviven a 17 días de la explosión en un yacimiento de oro en la mina San José, propiedad de minera San Esteban.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el ministro de Minería, Laurence Golborne, acudieron al yacimiento y coordinan las tareas de rescate.

Lo más grave, destacan, es que en México siguen ocurriendo sucesos de ese tipo, como el acaecido el 30 de julio en la mina de carbón La Florida, en Múzquiz, Coahuila –también denominada El pocito–, entre otros más en ese estado y en San Luis Potosí, con pérdida de vidas. Ante la falta de sensibilidad y probidad, el gremio minero demandó que se legisle para penalizar severamente la negligencia criminal de las empresas en materia de seguridad, higiene en el trabajo y salud, como se hace en otros países, para que no queden impunes los homicidios industriales.