Las mujeres organizadas que forman parte del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña del EZLN, rechazaron las políticas y modos de vida que imponen los gobiernos federal y estatal. “Queremos decidir nosotras mismas, que se escuchen nuestras peticiones y se respeten las decisiones que tomamos autónomamente. No queremos su compasión, sino su respeto”.

Asimismo, exigen a las autoridades: No nos intimiden ni nos manden a sus ejércitos que nos maltraten cuando nos manifestamos pacíficamente por nuestros derechos. Somos libres para expresar nuestras demandas y exigir el respeto a nuestras decisiones e iniciativas. Tenemos el derecho de defendernos, lo hacemos y seguiremos haciéndolo de forma pacífica.

Demandan precios justos a los alimentos básicos, como frijol, arroz, aceite y azúcar. Las mujeres somos las que más sufrimos los precios abusivos que toleran los gobiernos y que atentan contra nuestro derecho a la alimentación y a tener una vida digna nosotras y nuestras familias.

Por lo mismo, piden que se baje y regule de inmediato el precio de la tortilla. Los precios abusivos, validados por el gobierno, precarizan especialmente la situación de las mujeres y empeoran nuestra calidad de vida, atentando contra nuestros derechos y los de nuestros hijos. Esto ha sido un motivo de conflicto con los empresarios tortilleros de la costa, que han agredido impunemente a la resistencia popular en fechas recientes.

Las mujeres del consejo costeño reiteran la exigencia de fijar tarifas justas para la luz, otro motivo de resistencia en la región. Queremos que se escuchen las demandas de los distintos colectivos y se tenga en cuenta que se atenta contra nuestros derechos a vivienda y entorno comunitario que posibiliten el desarrollo de nuestros hijos.

Por lo demás, exigen un alto a la violencia y la coacción contra las personas que formamos parte del Consejo Autónomo de la Costa, que sólo luchamos por nuestros derechos a vivir, a decidir, a ser escuchadas y respetadas. Esto implica retirar las amenazas y órdenes de aprehensión contra los luchadores sociales que respaldan sus exigencias, en particular contra Nathaniel Hernández Núñez, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. También castigar a los agresores y establecer medidas que respeten los derechos fundamentales a defendernos y a manifestarnos.