La comisión de la Cámara de Diputados para los feminicidios aseguró que ni el Ejecutivo federal ni el gobierno de Chihuahua muestran evidencias suficientemente claras de que van a cumplir la sentencia del campo algodonero, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras presentar el primer informe de seguimiento de la sentencia del 18 de noviembre de 2009, en la cual responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001, la presidenta del órgano legislativo, Teresa Inchuástegui Romero, anunció en entrevista que este grupo consultará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las vías legales que el Poder Legislativo tiene para obligar los ejecutivos federal y estatal a cumplir la sentencia.

Nuestros exhortos caen en oídos sordos, por lo que debemos analizar qué hacer para que el Poder Judicial nos apoye y se cumpla la sentencia.

Sostuvo que en junio y julio los integrantes del organismo se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la procuradora de Chihuahua y con el presidente municipal de Ciudad Juárez, responsables de cumplir y hacer cumplir la sentencia.

Sin embargo –señala–, luego de estas reuniones se constata que el Estado mexicano muestra inercia institucional a la hora de cumplir los resolutivos de la CIDH, la cual se refleja en la descoordinación entre instancias federales, así como en el conflicto de ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Ejemplo de ello es el incumplimiento del resolutivo 12, donde la CIDH obliga a México a investigar y sancionar la desaparición y asesinato de las jóvenes.

“En el caso de las investigaciones, se tiran la pelota uno a otro. El gobierno federal dice que, como es una atribución local, todo lo que es la persecución del delito común, como el homicidio, no le corresponde.

En el caso de sancionar a los funcionarios responsables, afirma que la única figura disponible en el Código Penal es la de abuso de autoridad, y este delito prescribe a los dos años, por lo cual, no se puede hacer nada.

Agregó que tampoco se tiene intención de pagar las indemnizaciones a los familiares de las tres jóvenes ultimadas, que dictó la Corte, básicamente por el pago de costos que cubrieron durante el proceso judicial. Son aproximadamente 13 millones de pesos, que es un monto insignificante para la magnitud de los hechos. Sin embargo, no les han dado un quinto, cuando Presidencia se gasta 16 mil millones de pesos en propaganda.