Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) insistió en que en Chiapas, los crímenes de lesa humanidad no deben quedar en impunidad; es necesario que se conozca el paradero de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se encuentre a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se haga justicia.

Añade que en las décadas recientes los gobiernos han optado por reprimir y aniquilar manifestaciones sociales. Como muestra de la estrategia de exterminio contra el pueblo, el centro recuerda que en julio de 1997, en la comunidad Miguel Alemán, municipio de Tila, miembros de la organización paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia preparararon emboscadas a las comunidades Cruz Palenque y Aguascalientes.

En un ambiente de violencia generalizada y amenazas de muerte desatado entonces por los príistas de Paz y Justicia en la zona chol de Chiapas, la madrugada del primero de agosto de 1997, en Cruz Palenque, personas armadas y vestidas de negro como policías (eran los paramilitares de Paz y Justicia, comandados por Sabelino Torres Martínez), capturaron al joven Miguel Gutiérrez Peñate, lo llevaron a un potrero y lo asesinaron por la espalda. Tenía 15 años.

En Aguascalientes, irrumpieron en el domicilio de Mateo Arcos Guzmán, lo machetearon en varias ocasiones en presencia de su esposa, lo arrastraron fuera de la casa y a la fecha no se conoce su paradero. El mismo día, en Cruz Palenque, los paramilitares asesinaron a Nicolás Mayo Gutiérrez.

Ante los hechos de desaparición forzada en Chiapas, el gobierno mexicano sigue sin reconocer su involucramiento directo, apunta el CDHFBC, a pesar de la existencia de informes y manuales que preveían su actuación en planes de contrainsurgencia para detener el reclamo de los pueblos. La desaparición forzada ha buscado cortar la expansión del proceso organizativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ha sido parte de un diseño estratégico que prevé un Estado militarizado y paramilitarizado. A través de una guerra preventiva, y con un fuerte aparato represivo, se busca neutralizar toda posibilidad de lucha y solidaridad mutua.

Contra la impunidad institucionalizada, que encubre crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, pueblos indígenas y organizaciones civiles mantienen viva la memoria. Esto inspira la lucha por la justicia y la no repetición de hechos vergonzosos validados por este sistema de gobierno en proceso de degradación.