El campo mexicano no sólo experimenta una crisis económica y de producción, sino también una escalada de inseguridad, pues el crimen además de despojar de tierras y bienes a campesinos amenaza a líderes de organizaciones, a quienes les exige el denominado derecho de piso, aseguró Iván Polanco, director de Políticas Públicas de la Asosiación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec). Entrevistado en la presentación de la página www.subsidiosalcampo.org.mx, elaborada por la asociación y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Polanco indicó que estas situaciones se dan particularmente en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, y detalló que en el primero de los referidos estados muchos campesinos no pueden transitar libremente y sus actividades las deben realizar entre el mediodía y las 15 horas. De lo contrario pueden encontrarse con retenes instalados por integrantes de la delincuencia organizada y ser víctimas del despojo de sus pertenencias, tales como vehículos y productos, así como tener mucho cuidado para no ser considerados como secuestrables. En cuanto a si algunos campesinos son obligados a plantar drogas o si es más rentable que sembrar productos alimenticios, descartó conocer casos, pero remarcó que sí he conocido de actos arbitrarios mediante los que les quitan sus tierras, sus casas y no pueden transitar. También comentó que no es gratuito que los hechos de violencia ocurran en el sector rural.

Bogotá, 2 de septiembre. La policía colombiana busca a José Jorge Balderas Garza, El JJ, agresor del futbolista paraguayo Salvador Cabañas, que según el narcotraficante detenido Édgar Valdez, La Barbie, se encuentra en Colombia, informó este viernes un comandante policial.

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, informó que se revisa el trabajo de Cecilia Romero en el Instituto Nacional de Migración (INM), y que en su oportunidades se harán definiciones.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó la solicitud del PAN de que se apliquen medidas cautelares para retirar del aire los anuncios del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, en los que promociona su Informe de gobierno. Argumenta que dichos espots son difundidos en correspondencia con las excepciones que permite la ley para poder publicitar esos actos.

Organizaciones civiles demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocer la obligación de acatar las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que los compromisos contraídos por el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) son vinculatorios para el Poder Judicial de la Federación.