Como en asuntos anteriores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó por mayoría (ocho votos a tres) analizar la constitucionalidad del fuero militar.

En esta ocasión los ministros desecharon el proyecto elaborado por José Ramón Cossío Díaz, quien proponía que el Poder Judicial de la Federación (PJF) acatara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos de Rosendo Radilla, quien aún se encuentra desaparecido.

Y es que uno de los resolutivos de la CIDH tiene que ver con el hecho de que los jueces mexicanos garanticen que cuando un militar sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles, éste sea juzgado en el fuero civil, y en ninguna circunstancia en el fuero de guerra.

Tanto le preocupó el tema al ministro Sergio Aguirre, que planteó que cuando se revise el tema de fondo sea en sesión privada, porque se trata de un asunto morrocotudo. El pleno del llamado poder de la transparencia decidirá en su momento si acepta o no la propuesta.

Después de cuatro sesiones, el pleno encontró ayer nuevos elementos para no analizar el fondo del proyecto de Cossío, que planteaba la obligación de la SCJN de acatar la sentencia en la parte que concierne a las recomendaciones hechas al PJF, por lo que resolvió desechar el documento de Cossío y designar a Margarita Luna Ramos para que elabore un nuevo dictamen en el que, exclusivamente, señale que se resolvió la consulta a trámite planteada por el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sobre el caso Rosendo Radilla. Una vez que Luna elabore su documento, entonces se turnará el asunto a otro ministro para que elabore un proyecto en el que el tema inicial sea si la sentencia de la CIDH es ejecutable o no ejecutable y si la Corte se extralimitó en su sentencia al no tomar en cuenta –como lo aseguró Aguirre– las reservas que incluyó el gobierno mexicano en materia de fuero militar para aceptar la jurisdicción del organismo interamericano.

Sólo después de superar esos temas, el pleno abarcaría lo relativo al fuero castrense y la obligación de los jueces mexicanos de evitar que los procesos penales en los que un soldado sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles sea juzgado en el fuero militar.

Sólo Cossío, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero reiteraron su postura en favor de acatar la recomendación y apoyaron el proyecto original.

Arturo Zaldívar, quien el pasado lunes había mantenido esa postura, reculó, aunque aclaró después de la votación que en el fondo tengo grandes coincidencias con el proyecto (de Cossío).

Al argumentar en contra del proyecto propuesto, Aguirre descalificó a la CIDH, al señalar: Poco le faltó para ordenar que se modificara la Constitución, pero para mí, lo que es el desborde más radical, y pienso yo que es inaceptable, es desechar la reserva expresa.

Sin embargo, Silva Meza puso en duda la aseveración de Aguirre: Habría que ver si es cierto o no que México hizo reserva en relación al fuero militar, dijo.

El Estado mexicano y la SCJN tienen de límite el 15 de diciembre para notificar a la CIDH sobre la aceptación, y en qué términos, de la sentencia del caso Rosendo Radilla.