La influencia de la delincuencia organizada en cada aspecto de la vida nacional, incluyendo el gobierno, la policía y los agentes del Ministerio Público, ha convertido a México en el país más letal para la prensa en el hemisferio occidental y en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el derecho humano fundamental a la libertad de expresión.

Así lo asegura el informe 2010 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), donde se documenta que en el gobierno del presidente Felipe Calderón 22 periodistas han sido asesinados, al menos ocho de ellos en represalia directa por sus notas sobre crímenes y actos de corrupción, dos plagas idénticas que han socavado la estabilidad del país.

En ese mismo lapso, otros tres trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados por el delito de repartir periódicos, y al menos otros siete periodistas han desaparecido.

Además de aquellos que han sido asesinados, decenas de comunicadores fueron atacados, secuestrados o se han visto forzados al exilio por su cobertura de crímenes o actos de corrupción. Informar incluso en forma superficial sobre actividades delictivas, incluyendo los nombres de los capos de la droga, las rutas de tráfico y los precios, coloca a los periodistas en un riesgo inmediato.

A medida que se impone una autocensura generalizada, el futuro de México como sociedad libre y democrática está en riesgo, dice el documento del comité, organismo autónomo que desde 1981 monitorea ataques contra los medios alrededor del mundo.

Destaca también la alarmante impunidad en los ataques contra trabajadores de los medios. Una impunidad sistemática que se encuentra arraigada a escala estatal y municipal, donde se investiga la mayoría de estos delitos. México ocupa el noveno lugar en el mundo en el índice de impunidad del CPJ, que calcula la cantidad de asesinatos sin resolver de periodistas en relación con la población de cada país.

El comité criticó al gobierno federal por no reconocer abiertamente que la violencia contra los medios es un problema nacional. Y aunque el gobierno de Vicente Fox creó una fiscalía federal especial para la atención de delitos contra periodistas, ésta ha resultado totalmente ineficaz.

Lamenta que en su ofensiva contra la delincuencia organizada el gobierno federal haya omitido un frente crucial; los ataques contra el derecho constitucional a la libertad de expresión deben abordarse a escala nacional.

En sus recomendaciones, el informe señala que el comité y otros defensores de los medios y sus trabajadores proponen reformas sustanciales que incorporen los delitos contra la libertad de expresión al Código Penal de la Federación, y que sean las autoridades federales las responsables de investigar y procesar los ataques. Por ello, exhorta al presidente Calderón a materializar su promesa de federalizar los delitos contra la libre expresión.

Al mismo tiempo, es vital fortalecer la fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión. Incluso, sugiere la creación de un comité gubernamental para proporcionar protección directa a los periodistas en riesgo e influir decididamente en las autoridades estatales para que investiguen en profundidad y esclarezcan todos los delitos contra comunicadores que caigan dentro de su jurisdicción.

Al Congreso de la Unión le recomienda promulgar las leyes necesarias para dicha federalización, las cuales deben asegurar la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel, y que esta normatividad cumpla los estándares internacionales.

Dentro de las recomendaciones están también que el procurador general de la República fortalezca la fiscalía especializada contra este tipo de delitos, que incluye la capacitación a los agentes del Ministerio Público asignados a ella.