Uno a uno han sido exonerados los funcionarios involucrados en el desfalco de casi 400 millones de pesos cometido en 2005 contra del erario federal, por la compra de credenciales del Seguro Popular que nunca se entregaron.

Sólo quedan pendientes las resoluciones finales de dos juicios de revisión de sentencias emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que señalan como responsables a Manuel Martínez Olguín, ex director de Procesos y Tecnologías de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y a Carlos Cabrera Hidalgo, ex director de Afiliación y Operación del mismo organismo.

A pesar de la evidencia sobre la irregularidad, la cual fue denunciada por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante recursos de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los presuntos responsables han evadido la acción de la justicia.

Derivado de las denuncias, la Secretaría de la Función Pública inició tres procesos de investigación. El primero en el expediente 015/2007 por las observaciones de la ASF sobre las irregularidades en la compra de las credenciales; y otros dos con los números 12/2008 y PAR-128/2008 por las quejas de Laurell, también por el incumplimiento del contrato en compra y diseño de las micas.

En el primer juicio, la SFP exoneró a todos los funcionarios involucrados, incluido el entonces titular de la CNPSS, Juan Antonio Fernández. Sin embargo, en las dos quejas presentadas por Laurell la determinación de la secretaría –en el expediente 12/2008– fue imponer una multa de 242.6 millones de pesos e inhabilitación por 15 años en contra de Martínez Olguín.

Por el juicio PAR-128/2008, Martínez Olguín fue sancionado con una inhabilitación de 15 años y multa de 103.9 millones. La misma sentencia recibió Cabrera Hidalgo, mientras que Catalina Rodríguez Corona, ex secretaria técnica de la Dirección General de Credencialización, fue inhabilitada por dos meses.

En estos dos procesos, Juan Antonio Fernández también fue liberado de cualquier responsabilidad, con el argumento de que él personalmente no firmó ningún documento para la contratación de la empresa Image Technology, ganadora de la licitación.

Tanto Martínez Olguín como Cabrera Hidalgo interpusieron recursos de revisión ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. La sentencia del juicio de Cabrera está pendiente, mientras que Martínez Olguín obtuvo una resolución en su favor; aunque la inhabilitación se mantuvo, le quitaron la multa impuesta en el expediente PAR-128.