Por unanimidad, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Población para que los extranjeros puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales sin importar su estatus migratorio. Con ello, podrán presentar denuncias contra autoridades por violaciones a sus derechos humanos.

Con los cambios a esa ley, se obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales a otorgar asistencia médica por enfermedad o accidentes que pongan en peligro la vida de los migrantes que cruzan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, así como a brindarles atención en caso de desastres.

La reforma aprobada ayer por 79 votos en favor y ninguno en contra establece además que los empleados de la Secretaría de Gobernación que cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de los migrantes serán sancionados con 30 días de salario mínimo, pero si la falta es grave, serán destituidos del cargo”.

La reforma a la Ley General de Población aprobada ayer, transcurridas dos semanas de la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, el pasado 16 de marzo.

En tribuna, la ex canciller y senadora priísta Rosario Green manifestó que “el país carece de una ley migratoria. Tenemos una Ley General de Población, a la que desde tiempo inmemorial hemos añadido pedacitos y pedacitos para que pueda abarcarlo todo.

Se ha convertido en una especie de cajón de sastre; lo mismo dio la posibilidad de que muchos de los 150 mil centroamericanos a quienes se dio protección por conflictos en sus países se hicieran mexicanos si querían, y lo mismo da para cualquier otro tema, pero estoy convencida que México requiere darse una ley de migración firme, pero sobre todo acorde a los compromisos internacionales.

Ricardo Monreal, senador del PT, dijo que se requiere una legislación en la materia para evitar masacres como la de los 72 migrantes ocurrida hace dos semanas en Tamaulipas, y evitar el trato vejatorio, los secuestros y las extorsiones que padecen los indocumentados.