n el más reciente número del Análisis económico ejecutivo, la publicación semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se señala que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 castiga, con una disminución real de 18 por ciento, el rubro de gasto de capital, con lo que se constriñe la generación de empleos y el crecimiento. En el documento, el órgano de investigación empresarial sostiene que la inversión es el punto medular que puede generar el crecimiento que requiere el país, por lo que seguir utilizándolo como variable de ajuste del presupuesto sólo inhibe la posibilidad de una recuperación rápida y sostenida.

Los señalamientos reflejan la inconformidad del ámbito empresarial ante lo que se percibe como una renuncia del gobierno a emplear uno de sus principales instrumentos de política económica –el presupuesto público– en rubros determinantes para la reactivación de la economía interna y la generación de empleos. Aunque ayer mismo la Secretaría de Gobernación aseguró que el paquete económico para el año entrante aportará estabilidad económica y social, tal afirmación guarda poca o ninguna relación con lo que se desprende del mismo proyecto, que privilegia una política de seguridad pública, con resultados por lo menos cuestionables, por encima de las necesidades de crecimiento y generación de empleo. Un ejemplo: por cada peso que se destina al fomento de pequeñas y medianas empresas en el paquete presupuestario, se otorgan 10 a las tareas de seguridad y procuración de justicia. Todo ello pese a que los fenómenos delictivos son, a fin de cuentas, expresiones de una descomposición social que se gesta, en primer término, en fenómenos como la pobreza, la miseria, la falta de empleo y la desigualdad social.

Esta actitud indolente del gobierno federal ante los rezagos económicos y sus efectos sociales no es, sin embargo, coyuntural: antes bien, es el correlato de la aplicación del modelo económico vigente desde hace cinco lustros, cuya adopción ha sido dictada, principalmente, por las propias cúpulas empresariales locales, por los organismos financieros internacionales y por los capitales trasnacionales. Significativamente, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el desempeño económico raquítico de nuestro país coincide con el arranque de las políticas neoliberales de apertura indiscriminada del mercado interno, adelgazamiento del Estado en tamaño y potestades económicas, desregulación y aniquilamiento de la política industrial.

Hoy, cuando las autoridades federales insisten en que la recesión económica ha concluido, diversos barruntos de inestabilidad económica en el panorama internacional –como el señalamiento formulado ayer por Barack Obama de que la recuperación económica será lenta y dolorosa– transitan en sentido contrario al optimismo oficial y obligan a recordar que, en su configuración actual, la economía mexicana acusa debilidades estructurales y una profunda dependencia respecto de la estadunidense.

Ante estos elementos de juicio, es claro que la reactivación económica y la recuperación de la plena gobernabilidad en el país requieren, en lo inmediato, de la reorientación de las prioridades presupuestarias y de un cambio del modelo económico que se ha seguido hasta ahora. Para dotar al país de efectiva estabilidad económica y social, es necesario recuperar mecanismos de redistribución de la riqueza o concebir instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y la reorientación del gasto público hacia la construcción de infraestructura y el restablecimiento de mecanismos de bienestar social.