El Archivo General de la Nación (AGN) mintió al anunciar que en el convenio suscrito con la Escuela Nacional de Archivistas, que dirige Ramón Aguilera Murguía, se había acordado la reorganización de los documentos elaborados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, con información de la llamada guerra sucia, por lo que en ese caso sería un manejo ilícito, señaló la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas, quien solicitó una investigación administrativa para indagar la finalidad del compromiso signado a principios de este año, ya que el trabajo sería auspiciado por Archiveros Sin Fronteras, organización española que data de 1998, cuya representación en México la tiene un grupo distinto al de Aguilera Murguía.

Datos obtenidos mediante solicitudes de información pública revelan que el Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, AC, dirigido por Aguilera Murguía, ha firmado contratos que le generan recursos.

El convenio suscrito entre el AGN y Ramón Aguilera Murguía señala en su clausulado que el objetivo del presente instrumento formaliza el intercambio de información entre las partes, destinada a formular propuestas de desarrollo y rescate de archivos, tanto en el ámbito público como privado, con el auspicio de Archiveros Sin Fronteras.

Para realizar las actividades, se especifica que las partes celebrarán convenios específicos de colaboración, en los cuales se detallarán con precisión objetivos y tareas conjuntas a realizar, como serían promover el conocimiento materiales archivísticos mediante instrumentos de descripción, manuales y automatizados, diseñar planes de investigación en el ámbito de la archivística y gestión documental, así como promover reuniones de estudio, seminarios y conferencias en materia de archivos, y desarrollar programas de publicaciones relativas a las actividades de cooperación”. En el clausulado de compromisos no se menciona nada relacionado con archivos o grupos documentales que se vayan a reorganizar.

Respecto de los contratos que a título personal firmó Aguilera Murguía en 2003, está el número 800120926, con la Comisión Federal de Electrcidad (CFE), por 540 mil pesos, para elaborar un “diagnóstico; un manual de políticas archivísticas, un cuadro de clasificación y el catálogo de disposición documental, además de capacitación a distancia y presencial, mediante el diseño y asesoría de un programa para automatizar archivos.

De 2004 al presente año, de acuerdo con las solicitudes de información, la CFE otorgó siete contratos al Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora: el número 800162632, por un monto de 2 millones 100 mil pesos; el 80212137, por 2 millones 617 mil 142 pesos; el 800263109, por 2 millones 748 mil pesos; el 800323472, por un millón 800 mil pesos; el 800373374, por 2 millones 580 mil pesos; el 800413180, por 2 millones 700 mil pesos, y en este año el 800475353, cuyo monto asciende a 2 millones 249 mil 999 pesos 99 centavos.

Con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) la Dirección General de Administración, Presupuesto y Contabilidad, mediante oficio IPAB/SAAPS/217/2010 comunicó que los contratos de prestación de servicios en materia de archivos se suscribieron con el Instituto Carlos Sigüenza y Góngora, y que el monto pagado ascendió a 902 mil 500 pesos, más impuesto al valor agregado.

De 2003 a 2009, los contratos con la CFE y el IPAB en conjunto asscienden a 18.2 millones de pesos.

Magdaleno Cárdenas señaló que cuando trámitó su solicitud de información para la CFE, el encargado de la dirección de enlace, Carlos Sandoval, me dijo, violando la secrecía de los peticionarios, que se debían sumar esfuerzos, que era amigo de Aguilera Murguía y que si quería me reuniría con él para que platicáramos.