Este lunes, adherentes de la otra campaña en Chiapas realizaron bloqueos carreteros en la región de la Costa y en la comunidad de Mitzitón, en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas. Desde la ciudad de Tonalá, el Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa (CRZCH) expuso que estas acciones de protesta son por la situación que prevalece en las comunidades zapatistas por amenazas, despojo, agresiones, hostigamiento permanente por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como por grupos paramilitares, partidos políticos, caciques y empresarios.

El consejo costeño y las organizaciones que lo componen realizaron una marcha en Tonalá para exigir el retorno a sus tierras de las bases de apoyo zapatistas de San Marcos Avilés, municipio de Chilón, quienes esta semana fueron expulsados por integrantes de PAN, PRD, PRI y PVEM. Del mismo modo, la otra campaña demanda respeto al proceso de autonomía de los pueblos zapatistas y a sus proyectos autónomos, como son escuelas y clínicas, así como la salida de los grupos paramilitares de Chiapas y el castigo a los autores materiales e intelectuales de los enfrentamientos contra las comunidades.

En particular, los adherentes de la otra campaña exigen la salida del grupo paramilitar de la comunidad de Mitzitón, como parte de los acuerdos firmados por el mal gobierno y que no ha cumplido. También la cancelación de los proyectos que atenten contra los pueblos indígenas y afecten al medio ambiente y los usos y costumbres de los pueblos, como son la autopista San Cristóbal-Palenque y el parque ecoturístico en Bachajón.

El CRZCH se pronunció por el cese al hostigamiento emprendido por el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los integrantes del Frente Cívico Tonalteco y la organización que lucha contra las altas tarifas de luz; por el respeto a la tortillería autónoma de la Costa y el fin de las agresiones y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Otras demandas de las movilizaciones en Tonalá y Mitzitón fueron la libertad inmediata del maestro Alberto Patishtán, privado de su libertad de forma ilegal e injusta; la cancelación de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra luchadores sociales y defensores de los derechos humanos; la restitución de tierras a la comunidad de Candelaria (municipio Venustiano Carranza), despojada por la OCEZ- Región Carranza, lo cual ha generado enfrentamientos entre los pobladores.

Finalmente se pronunciaron por la restitución, a la brevedad posible, de las tierras del ejido de Tila expropiadas de forma inconstitucional por el Congreso y el gobierno del estado, el ayuntamiento de Tila y el Registro Público de la Propiedad de Yajalón.