En el contexto del tercer aniversario de la Promulgación de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la mujer otomí queretana Jacinta Francisco Marcial, que estuvo encarcelada tres años acusada de secuestrar a seis agentes federales, demandó ayer al Estado mexicano la reparación del daño que le ocasionó el proceso penal en su contra.

“Por ser indígena, por no saber mis derechos, por eso estuve tres años en la cárcel. Me fue muy difícil y los agentes cometieron un error. Me violaron muchos de mis derechos. No entendía yo nada de lo que me acusaban, no hablaba español, y pusieron ellos que yo leía. Nunca pusieron que era indígena. Quiero que me reparen el daño.

Ahora estoy libre, pero no me siento como antes. Yo trabajaba vendiendo aguas todos los días, no tenía trabajo fijo, pero ayudaba a mi esposo con mis hijos. Me separaron tres años de ellos, de mi casa. Quiero que me reparen el daño, sostuvo Jacinta.

La indígena añadió: como yo acababa de oír que a veces nos discriminaban por el lenguaje y por el vestuario, me daba pena mi vestido. Pero ahora me doy cuenta de que es muy bonito.

En las cárceles del país hay muchos indígenas presos por no hablar español y no conocer sus derechos, denunció Jacinta Francisco.

La demanda por reparación del daño fue presentada en la Procuraduría General de la República (PGR) por Jacinta Francisco y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y se argumenta la irregular integración de la averiguación previa, su consignación y validación de todos los elementos por el agente del Ministerio Público, el juez y el magistrado que revisó el amparo.

Luis Arriaga, director del Centro Prodh, resaltó en la conferencia de prensa que el Ministerio Público, el juez y el magistrado, todos ellos sabían de la irregular integración de la averiguación previa, de la fabricación de delitos, y no hicieron nada para frenarlo. La acusaron de secuestradora de seis agentes de la AFI.

Arriaga dijo que la demanda también se presentó por la negativa pública de la PGR de reconocer la inocencia de Jacinta, pese a las evidentes contradicciones y la carencia de pruebas que presentó esa dependencia.

El Centro Prodh explicó que la demanda incluye una reparación económica de 50 mil pesos por los tres años que injustamente Jacinta estuvo recluida en la cárcel y dejó de percibir ingresos, así como 20 mil salarios mínimos por el daño moral que le provocaron las autoridades.

Lo pecuniario, resaltó el Centro Prodh, no es lo fundamental, sino evitar que hechos como éste sigan cometiéndose.

El Centro Prodh y Amnistía Internacional eligieron el aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para dar a conocer el manual para facilitar el acercamiento de los pueblos indígenas al contenido de esa declaración.