La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a autoridades de Brasil, Ecuador y Guatemala los registros dentales, dactilares y físicos de los restos de 45 migrantes que faltan por identificar y que fueron asesinados en agosto en San Fernando, Tamaulipas, indicó la dependencia.

Las autoridades mexicanas trabajan en la identificación del ADN de las víctimas con la finalidad de establecer con toda certeza los parentescos.

Fueron 72 los migrantes asesinados de un grupo de 77 personas, de las cuales dos sobrevivieron (uno de nacionalidad hondureña y otro ecuatoriana); tres mexicanos están desaparecidos.

México envío a sus países de origen los cadáveres de 11 salvadoreños y 16 hondureños presuntamente identificados; sin embargo, en Honduras continúa el proceso de identificación de cuatro de ellos.

Los cuerpos de 45 migrantes permanecen en el Servicio Médico Forense de la ciudad de México en espera de ser reconocidos y enviados a sus países. Ante la falta de documentación y certeza que acredite su identidad, peritos mexicanos han elaborado álbumes con las fotografías de cada uno, datos de huellas dactilares, dentales y de rasgos físicos para que las autoridades de Centro y Sudamérica colaboren en la localización de sus familiares. Para ello, el gobierno mexicano ha establecido contacto con Interpol para que sea la vía de intercambio de información. Mientras, la PGR espera que concluyan los peritajes de identificación genética practicados a cada víctima. Los gobiernos de Brasil, Honduras y Guatemala le han proporcionado muestras que le permitan cotejar identidades.

No se puede exonerar a México de un crimen de lesa humanidad

El ombudsman de El Salvador, Óscar Luna, afirmó este martes que no se puede exonerar a México de responsabilidad por la masacre de 72 migrantes, entre los que hay al menos 13 salvadoreños, pues puede ser un crimen de lesa humanidad.

Sea por omisión, o por lo que sea, hay responsabilidad: sucedió en territorio mexicano y directa e indirectamente los gobiernos tienen responsabilidades, afirmó el procurador de Derechos Humanos, por lo que, dijo, se debe exigir al gobierno de México que acepte su responsabilidad, así como la investigación de esos hechos que pueden ser constitutivos de crímenes internacionales o de lesa humanidad en la que hay responsabilidad estatal a escala internacional y así debe exigirse.

En los próximos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México presentará un informe acerca de la masacre.