La Habana, 14 de septiembre. El gobierno de Cuba planea permitir que particulares, organizados en cooperativas, fabriquen materiales de construcción y piezas de carpintería; que elaboren conservas, embutidos y vinos; que operen estacionamientos y tintorerías; que reparen automóviles y que presten servicios funerarios, informáticos y de arreglo de calles, todo lo cual es ahora materia exclusiva de empresas públicas.

Aún se desconocen las reglas del juego del nuevo modelo económico cubano, que incluye entre sus pilares la apertura al sector privado, pero en medios oficiales empezaron a circular los criterios generales.

Las cooperativas, que ya existen en el campo, se ampliarán en el sector rural, pero llegarán hasta la producción de bienes y servicios en las ciudades, en una de las nuevas formas de propiedad, según pudo saber La Jornada por conducto de diversas fuentes.

En buena medida se estaría legalizando lo que ahora es el mercado negro, dijo una fuente, citando los ejemplos de la fabricación de ladrillos; la creación de piezas de carpintería; la confección de dulces, almíbares, conservas, alimentos ahumados y embutidos; la hojalatería, pintura y mecánica de autos o el transporte de carga, que los particulares realizan hace años por la vía de los hechos, enfrentando los riesgos de la semiclandestinidad, multas y hasta penas de cárcel.

Todos esos rubros, ahora perseguidos, serían legalizados para realizarse mediante cooperativas, que pagarían impuestos sobre ingresos personales, ventas y contratación de empleados, además de sus aportaciones a la seguridad social, de acuerdo con los datos que se están ofreciendo en reuniones informativas en el gobierno, las empresas y el Partido Comunista.

Por lo menos hay que preguntarse si se reformará el artículo del Código Penal que prevé el delito de actividad económica ilícita, añadió la fuente. Esa norma excluye las sanciones para las labores o actos de comercio que, aun siendo ilegales, tienen reducida significación. Sin embargo, considera una condena de cárcel de hasta tres años para quien utilice medios de producción de procedencia ilícita o contrate mano de obra.

Otro de los ingredientes del nuevo modelo será la autorización para que los microempresarios o autoempleados contraten fuerza de trabajo, según anunció el presidente Raúl Castro al parlamento el mes pasado. Las regulaciones de esta modalidad tampoco se conocen todavía, pero su solo enunciado marca un cambio en el esquema laboral cubano.

La fuente subrayó que así como se considera hacer transparente una situación de hecho, como la de albañiles o pintores que prestan servicios particulares, también se abren opciones para que surjan cooperativas que remplacen los oficios reservados al Estado, como los que ejecutan el mantenimiento de instalaciones públicas. Un caso notable es el de los servicios funerarios, que durante cinco décadas han sido una prestación gratuita para la población, pero ahora, al abrirse a la concesión a cooperativas, quedaría dentro del ámbito mercantil.

Aunque aún no son concluyentes ni tienen la formalidad de una norma oficial, las versiones sobre el nuevo modelo indican que las cooperativas podrían prestar sus servicios o vender sus productos no sólo a los particulares, sino también a distintos niveles del gobierno.

En el transporte público el ramo del taxi particular es uno de los más extendidos, desde que se permitió a mediados de la década pasada. Los dueños de autos viejos de factura estadunidense o soviética fueron autorizados a trabajar el vehículo, en una práctica que aún permanece y satisface la necesidad a la que no pueden responder las empresas estatales.

La idea es ampliar ese sector, adecuarlo al uso de autos menos envejecidos y extenderlo, además, a la operación de microbuses de ruta fija e incluso de autobuses regulares para itinerarios marginales, todo bajo el esquema de cooperativas.