l ex dictador argentino Jorge Rafael Videla sostuvo ayer, durante el juicio que se desarrolla en su contra por delitos de lesa humanidad, que los integrantes del último régimen militar de la nación sudamericana (1976-1983) fuimos crueles, pero no sádicos, reivindicó el papel desempeñado por los elementos castrenses durante ese periodo y denunció una campaña sistemática de desprestigio en contra del ejército para subvertir la nación.

Estas declaraciones pudieran ser interpretadas como una demostración más –acaso la menos contundente– de la ausencia de valores éticos y humanitarios por parte de los integrantes de la dictadura argentina, y podrían leerse, también, como un intento desesperado del ex presidente de facto por eludir la espada de Damocles que pesa sobre su cabeza desde que, en 2003, el gobierno de Néstor Kirchner emprendió gestiones para llevar ante los tribunales a esos represores. Sea como fuere, y por más que haya buscado revestirlos de un pretendido pudor militar, los señalamientos de Videla denotan la característica opuesta: impudicia. Y es que, en efecto, se requiere de una gran dosis de descaro para que el victimario descalifique los desgarradores testimonios de sus víctimas frente a la autoridad judicial y para que, encima de eso, se coloque a sí mismo en la posición de agraviado, como lo hizo el pasado martes cuando se autodenominó preso político y dijo sentir preocupación por su familia.

Por desgracia para Videla, la estela de dolor, destrucción y muerte que dejaron a su paso el ex dictador y sus colaboradores es demasiado vasta y persistente como para borrarla con semejantes afirmaciones. Además de arrastrar un estigma permanente de corrupción, la dictadura argentina –distinguida por un cariz represor y bárbaro– inauguró uno de los más oscuros y atroces episodios en la historia de ese país: de acuerdo con investigaciones de diversos organismos humanitarios, el régimen instaurado por la vía militar hace más de tres décadas envió a centros de detención ilegales a más de 30 mil sindicalistas, activistas, maestros, periodistas, intelectuales y ciudadanos comunes opuestos a la dictadura. En el cautiverio, muchas mujeres embarazadas fueron torturadas y asesinadas, mientras que sus hijos fueron regalados o vendidos a las amistades de los represores. Hace falta mucha ingenuidad o mucha mala fe para sostener, como hizo el enjuiciado, que semejantes actos pudieron cometerse sin sadismo.

Por otro lado, el cinismo de Videla es un signo de la impunidad que prevaleció en aquel país a pesar de la transición a la democracia que tuvo lugar en 1983. En efecto, la reinstauración de un gobierno elegido democráticamente, el encabezado por Raúl Alfonsín, no representó el fin del horror en la nación sudamericana: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –aprobadas durante el gobierno alfonsinista bajo el chantaje y la presión de asonadas golpistas– constituyeron, durante casi tres lustros, una cobertura para los criminales que torturaron, asesinaron, vejaron, encarcelaron, persiguieron y exiliaron a decenas de miles de ciudadanos argentinos.

La lucha de la sociedad argentina por lograr justicia y esclarecimiento de los crímenes cometidos por la tiranía militar ha logrado avances significativos, como el desmantelamiento del blindaje legal de que se dotaron los golpistas a sí mismos y los correspondientes procesos contra los integrantes de la dictadura. Para que esos progresos se consoliden es necesario, sin embargo, que los responsables de innumerables crímenes de lesa humanidad reciban los castigos que les corresponden. La justicia de Argentina tiene la palabra.