A pesar de que el gobernador saliente de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, ordenó frenar las obras de un conjunto de muelles en el parque acuático nacional de Playa de Hornos –luego de que se comprobó el daño que ocasionan a los arrecifes de coral de la región–, las actividades se reanudaron de manera furtiva hace un par de semanas, denunció el activista Bogar Franco López.

En entrevista con este diario, el presidente de la Asociación en Defensa de Monumentos Históricos de Veracruz (ADMHV) afirmó que Herrera incumplió el compromiso de detener este proyecto turístico, pues se han invertido al menos 80 millones de pesos.

De acuerdo con versiones de gente cercana a la construcción de la Marina Veramar, el propio gobernador tiene intereses económicos en la construcción de estas obras; por ello en la última semana de agosto dio la orden de detenerlas, pues no le quedaba de otra, agregó Franco.

Después de una pausa obligada, Herrera ordenó que continuaran los trabajos en Playa de Hornos, en la zona conurbada entre Veracruz y Boca del Río, declarada parque marino nacional el 24 de agosto de 1992.

Cuando detuvo las obras, el gobernador incluso prometió recursos para realizar ahí el primer parque subacuático del país, pero después olvidó su dicho, a pesar de que en ese sitio se han encontrado restos de barcos que podrían ser de la época colonial.

La empresa constructora de la Marina Veramar, denunció el activista, ha justificado su actuación con un documento de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), elaborado el 25 de noviembre de 2008, en el que se afirma que la obra no daña el ecosistema.

Sin embargo, dijo Franco, el análisis de la dependencia tiene serias inconsistencias, las cuales resultan suficientes para hacer que los trabajos sean cancelados de forma definitiva.

Así, mientras por una parte afirma que el proyecto carece de sustento de información con respecto al impacto por movimientos de sedimentos y de corrientes marítimas, en páginas subsecuentes se afirma que dichas actividades (el albergue de embarcaciones, la pesca deportiva y el buceo) no contravienen el uso permitido en el lugar.

Dado que el parque nacional, de diez hectáreas de superficie, no tiene un programa de manejo que lo regule, aseveró Franco, los empresarios de la Marina han aplicado el principio de que lo que no está prohibido está permitido.

El cinismo de los inversionistas es tal, expresó, que aunque al principio habían obtenido un permiso para instalar muelles ligeros, el proyecto abarca la construcción de cuatro fijos –incluido uno para gasolinera–, además de un club náutico con estacionamiento de dos niveles, centro comercial, restaurante, salón de actos sociales, hotel boutique, terraza y bodega.

Por lo anterior, el Senado aprobó un punto de acuerdo el 17 de marzo de 2009 en el que recomienda al gobierno federal no autorizar la construcción de la Marina y solicitar un informe del impacto ambiental en la zona, pero hasta el momento eso no ha ocurrido, lamentó el activista.