La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptó analizar una demanda interpuesta por la organización Familia Pasta de Conchos contra el gobierno de México, por el incumplimiento de la administración del presidente Felipe Calderón de diversos convenios internacionales firmados en materia de derechos laborales.

En la misa que se ofició ayer afuera de las instalaciones de Grupo México por los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos a 55 meses de la tragedia, los familiares de los trabajadores fallecidos informaron que el reclamo que interpusieron el pasado 20 de mayo ante la OIT contra el gobierno de Calderón fue admitido por la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de esa organización, Cleopatra Doumbia-Henry, con el número de expediente ACD 19-2-2010.

Familia Pasta de Conchos, que es apoyada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), señaló que su reclamo se basa en el incumplimiento de los convenios 155, relativo a la salud de los trabajadores; 150, sobre la administración del trabajo, y 170, respecto del uso de productos químicos, los cuales están firmados por el gobierno de México.

Asimismo, hizo ver que en noviembre se llevará a cabo la sesión de la OIT en la que serán debatidas estas violaciones por lo que representantes del gobierno calderonista tendrán que presentar los argumentos respectivos.

El organismo laboral internacional sostuvo que a 55 meses de la explosión de Pasta de Conchos, las viudas, padres e hijos de los mineros muertos han registrado un sufrimiento continuado de la tragedia, lo que fue expuesto además ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero, debido a que no se ha respondido al reclamo de que sean devueltos los restos de los trabajadores.

Sostuvo que hermanan su dolor e indignación, pero también alienta nuestra esperanza, con las familias de los 33 trabajadores atrapados desde principios de agosto, en la mina San José, a casi 700 metros de profundidad, en la región de Atacama, en Chile, que siguen a la espera de su rescate; y con las de los 52 mineros encerrados en el pozo Las Cuevas, a 500 metros de fondo, en Velilla del Río, Palencia, desde el primero de septiembre, que demandan el pago de sus salarios desde julio y el cumplimiento del Real Decreto 134/2010.

Tal como acontece en la región carbonífera de Coahuila, México, como con las minas chilenas, la injusticia es indignante. Además de que mil instalaciones mineras que el Estado chileno dice monitorear con sólo dos inspectores; la empresa San Esteban –propietaria del yacimiento donde se encuentran atrapados 33 trabajadores, que tardó en avisar del accidente, no participó inicialmente en el rescate, no respetaba las normas de seguridad ni pagaba seguro social–, reinició sus actividades nadie sabe cómo (porque no construyó la escalera de emergencia exigida), luego de ser clausurada en 2008 tras la muerte de un minero (ya contaba en su historial con más de 80 accidentes).