El PRI en la Cámara de Diputados solicitará esta semana integrar una comisión especial que investigue las denuncias de corrupción en Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros actos por la entrega de la fibra óptica a particulares y sobre un funcionario de la empresa que habría recibido un auto Ferrari a cambio de cuantiosos contratos a una compañía de Houston.

También se solicitará que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice dos revisiones, una financiera y de cumplimiento y otra de legalidad, para verificar la entrega de contratos a empresas particulares sobre generación, distribución y abastecimiento en las zonas donde Luz y Fuerza del Centro prestaba sus servicios antes de la liquidación decretada por Felipe Calderón.

De acuerdo con el texto del punto de acuerdo que será presentado ante el pleno, es necesario investigar las denuncias formuladas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, debido a que la administración de Calderón está creando una industria eléctrica paralela a la de CFE, donde puedan florecer los negocios privados.

Debido a los casos documentados de corrupción en la empresa, señala el documento, se impone una revisión exhaustiva del desempeño de la paraestatal, que inicia por una puntual rendición de cuentas que deslinde responsabilidades o fortalezca su actuación.

La propuesta que inscribió el diputado César Augusto Santiago refiere que La Jornada informó en sus ediciones de 18, 19 y 23 de agosto que un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad es investigado por actos de corrupción.

Asimismo, el periódico estadunidense Houston Chronicle reportó que un alto funcionario del gobierno mexicano recibió un yate, un Ferrari y quizá millones de dólares en efectivo a cambio de otorgar cuantiosos contratos a una compañía de Houston y otra de California, de acuerdo con investigaciones de agentes federales.

El legislador priísta señala en el texto que dicha investigación “se extiende a los empresarios John O’Shea y Fernando Maya Basurto, y en fechas recientes a Ángela Díaz, esposa de otro presunto involucrado cuyo nombre no ha sido dado a conocer. Destaca la información que el funcionario mexicano aludido es acusado por entregar licitaciones de la CFE a la empresa ABB, para que contratistas entraran a la zona que atendía Luz y Fuerza”.

También recuerda que las quejas de presunta corrupción recibidas en la Cámara de Diputados han derivado en exhortos y solicitudes de información al gobierno federal, así como en iniciativas para acotar la discrecionalidad y reducir las tarifas del servicio doméstico en el norte del país.

Además, hay la afirmación del negocio privado que ha fomentado la CFE para generar electricidad, usando como combustible gas natural importado de Perú, mediante una trasnacional española que se benefició con un contrato a largo plazo, indica.