Querétaro, Qro., 20 de septiembre. El gobernador priísta José Calzada Rovirosa propuso una reforma electoral que exime a los partidos de comprobar gastos, define como información reservada la fiscalización de sus presupuestos, y resta facultades a la autoridad electoral para transferirlas al Congreso del estado.

La fracción priísta de nueve miembros y sus aliados del Verde Ecologista de México y Convergencia pretenden aprobarla con dispensa de trámites, pero sólo tienen 13 de los 15 votos necesarios para ganar en el pleno.

El proyecto del gobernador, presentado el pasado 9 de septiembre a la 56 Legislatura por medio del secretario de Gobierno, Jorge García Quiroz, reforma cinco artículos de la Constitución estatal, abroga la ley electoral vigente y expide un nuevo Código Electoral de 590 artículos, 16 de ellos transitorios.

La iniciativa también modifica 37 artículos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, así como cuatro de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del estado; de aprobarse tendrá efectos legales a partir del 15 de diciembre próximo, cuando se renueve el Consejo General del órgano electoral a fin de preparar los comicios de 2012.

En demérito de la legislación vigente, el texto entregado al Congreso exime a los partidos de rendir un informe anual de actividades y de entregar la documentación comprobatoria de sus gastos al IEQ, lo que resta facultades a este instituto para actuar de oficio ante las infracciones que cometan.

La reforma electoral recorre los plazos para iniciar precampañas electorales y amplía su duración de 45 a 60 días, lo que permite a partidos destinar a las posteriores campañas el gasto etiquetado para actividades ordinarias, educativas, de capacitación, investigación y editoriales.

En otro apartado impone a los consejeros electorales mantener en reserva los asuntos operativos de que tengan conocimiento mientras no se les defina como información pública o reciban un pronunciamiento del Consejo General, y los responsables que incumplan tal restricción serían sancionados.

El monitoreo de gastos de campaña y precampaña también será información reservada mientras no se dictaminen y resuelvan en definitiva los informes técnicos de los estados financieros de los partidos.

El IEQ mismo desaparece para instituirse el Consejo Electoral de Querétaro, con un rediseño estructural que baja de siete a cinco el número de consejeros. Los consejos municipales tendrían tres y no cinco, lo cual, según Efraín Mendoza Zaragoza, consejero del IEQ, impediría que un grupo reducido de consejeros enfrente las presiones de ocho partidos.

El nuevo ente no podrá designar a su consejero presidente, que permanecerá siete años en el cargo y será nombrado por el Congreso estatal. Aunado a ello se suavizan los requisitos para ocupar el cargo de consejero, pues no será preciso que los aspirantes acrediten conocimientos en materia electoral, ni se les prohibirá ocupar cargos públicos en dependencias gubernamentales.

Sus miembros tendrán menos facultades para integrar y regular jurídicamente el funcionamiento del nuevo consejo, pues eso será privilegio de la legislatura; el secretario ejecutivo será nombrado por el consejero presidente sin concurso de sus pares como se hace en la actualidad.

El máximo responsable del nuevo órgano será un funcionario muy poderoso, indicó Mendoza Zaragoza, pues las cinco instancias operativas y los 25 órganos colegiados responsables de la organización y vigilancia de los procesos electorales en distritos y municipios dependerán de él.

Ante el escenario que se avizora, este lunes los diputados del PAN pidieron efectuar una consulta ciudadana antes que ceder a la premura de sus pares del PRI, que de inicio pretenden aprobar y dictaminar la reforma el viernes próximo en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Los panistas Ricardo Anaya Cortés y Marcos Aguilar Vega lamentaron que se busque aprobar la propuesta del gobernador ocho días hábiles despúes de ser registrada, cuando desde hace más de tres meses está congelado un proyecto que presentó el PAN para homologar y tabular el salario de funcionarios y servidores públicos como medida de austeridad.