San Salvador, 20 de septiembre. La ley antipandillas entró en vigor en El Salvador sin gran despliegue policial y sin acallar las dudas de los jueces sobre su eficiencia, mientras en países vecinos se teme que la norma provoque el desplazamiento de delincuentes hacia donde se les castigue con menos severidad.

La Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal entró en vigor el domingo sin redadas, a pesar de que la Dirección de Centros Penales puso a disposición la cárcel de máxima seguridad de San Francisco Gotera, con capacidad para recibir a 500 detenidos.

Este lunes en las calles de San Salvador se observaron patrullajes normales de la policía y del ejército, y hacia el mediodía el único arresto fue el de un presunto pandillero involucrado en el asesinato de un chofer de autobús, quien será procesado por homicidio y no por infringir la nueva ley.

Óscar Luna, procurador de Derechos Humanos, pidió a las autoridades no dar falsas expectativas de que con la nueva ley se termina el problema de las pandillas, a las que se atribuye gran parte de los 13 homicidios al día que se cometen en el país.

La ley establece que quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como Mara Salvatrucha, MS 13, Mara 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao, y prohíbe además el financiamiento de las mismas. Los líderes serán condenados a diez años de prisión y los demás integrantes a seis años.

En las cárceles hay unos siete mil pandilleros presos, pero las autoridades estiman que en las calles hay otros nueve mil.

Con base en la nueva ley no es necesario que los mareros cometan algún delito para ser detenidos, pues basta con que sean miembros de las pandillas.

En países vecinos, como Guatemala y Honduras, los cuerpos policiacos han redoblado la vigilancia en las fronteras para evitar el ingreso de pandilleros prófugos.