ien haría el vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, si deja las declaraciones para mejor ocasión y pasa a los hechos, porque la ostentosa incapacidad gubernamental, la falta de respuesta real al reclamo ciudadano, suele terminar en patéticas justificaciones como las ayer divulgadas por el citado funcionario en torno al editorial (¿Qué quieren de nosotros?) publicado por El Diario de Ciudad Juárez el pasado domingo: no cabe en modo alguno que algún actor pueda pactar, promover una tregua o negociar con los criminales, que son justamente los que provocan la angustia de la población, los que generan los secuestros, los que extorsionan, asesinan y envenenan.

Eso dijo, en nombre del gobierno federal, Alejandro Poiré, para quien el angustiante llamado (“ya no nos maten…”) de los integrantes del rotativo juarense al crimen organizado, amo y señor de esa ciudad, es sinónimo de negociación. Por eso, lo procedente no es reprender, sino enseñar con el ejemplo, de tal suerte que tal funcionario en lugar de lanzar encendidas declaraciones patrioteras desde un edificio federal perfectamente protegido, como él mismo lo está, de inmediato debería hacer maletas, mudarse a esa localidad fronteriza, con todo y familia, sin aparato de seguridad, sin camioneta blindada, sin arcos detectores, y desde allí –al igual que los periodistas de la región– abiertamente arriesgar el pellejo para realizar su chamba como vocero del gobierno federal en materia de seguridad, y asumir las consecuencias porque, como no cabe en modo alguno, él no negocia.

A la velocidad de la luz lo mismo tendría que hacer el inquilino de Los Pinos, acompañado por el procurador Chávez, el actor García Luna, los secretarios de Gobernación, de la Defensa y de Marina, el gobernador del estado y, en fin, todo aquel funcionario dedicado a combatir al crimen organizado desde un cómodo escritorio rodeado de guaruras. Cada uno de los integrantes de este ramillete de funcionarios que no negocia con el crimen organizado cuenta con un impresionante aparato de seguridad (comenzando por Felipe Calderón y sus, oficialmente, mil 800 guardias del Estado Mayor Presidencial, más las aportaciones de la Sedena y la Semar); despacha en edificios y residencias seguras; realiza sus recorridos en verdaderos búnkeres móviles por aire, mar y tierra; un mundo de distancia los separa de la zonas de guerra, y tiene la boca muy grande, cada día más.

¿Estaría dispuesto el vocero Poiré a despachar en tales condiciones en aquella zona de guerra del norte mexicano, y arriesgar su vida, la de su familia, porque él no negocia con el crimen organizado? ¿Lo harían todos los demás? Difícilmente, porque entonces cada uno de ellos tendría que asumir las terribles consecuencias de ser ciudadano de a pie, como los periodistas de El Diario de Juárez, a quienes el crimen organizado ya les cobró dos vidas, y cuya solicitud se limita a no nos maten más. El citado vocero aseguró ayer que es deber de todos los actores de la sociedad y del gobierno federal combatir (al crimen organizado), por ser el responsable del clima de inseguridad que atormenta a la mencionado ciudad fronteriza. Bien, que dé el ejemplo, que se vaya a Juárez y desde allí, abiertamente y sin aparato, declare y convoque a conferencias de prensa.

Eso sería enseñar con el ejemplo, pero del editorial de El Diario, ¿qué fue lo que no le gustó al gobierno federal? Veamos: “ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar. Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello… Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestro compañero.

“…a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable. Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda… Hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas. En ese encuentro (…) Calderón dijo que ‘en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad, también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia’.

“A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías”.

Las rebanadas del pastel

Estos funcionarios suponen que sus declaraciones arreglan los problemas, que con mojarse los pantalones un ratito en las zonas devastadas, como Veracruz, ya todo está resuelto.

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