En la mira de las autoridades federales están al menos dos comandantes y un importante funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, de quienes se sospecha que han brindado protección a grupos de sicarios ligados al cártel de Sinaloa, que operan en Ciudad Juárez, revelaron ayer a La Jornada fuentes gubernamentales cercanas a las pesquisas.

Se trata de una indagatoria iniciada varios meses atrás por un área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, en coordinación directa con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Según las fuentes consultadas, en esta investigación en curso se ha podido comprobar que al menos dos comandantes de la corporación estatal han recibido dinero de grupos ligados al crimen organizado para permitir que los sicarios operen en Juárez con total impunidad.

La SSP federal y la SIEDO también investigan si un importante funcionario de la SSP de Chihuahua –cuyo nombre no fue revelado a este diario– mantiene vínculos personales con algún capo de la droga, cuya identidad tampoco fue dada a conocer por las fuentes consultadas.

Respecto al caso del homicidio de Luis Carlos Santiago Orozco, fotógrafo de El Diario, que se publica en Juárez, las mismas fuentes indicaron que en los próximos días la fiscalía para la atención de delitos contra periodistas de la PGR ejercerá su facultad de atracción para continuar con las pesquisas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

Sobre ese mismo tema, un fiscal de la SIEDO consultado ayer refirió que la agresión contra Santiago Orozco y otro comunicador del periódico local pudo ser una especie de amenaza contra el medio de comunicación, o una acción con la que los criminales buscaban dejar un mensaje de miedo en los directivos del diario.

La fiscalía de delitos contra periodistas, una vez que atraiga las pesquisas, estará obligada a realizar un desglose de hechos para dar vista a la SIEDO ante probables delitos ligados a la delincuencia organizada, añadió el fiscal, que pidió no mencionar su nombre.

La tarde del pasado jueves, Carlos Santiago Orozco, de 21 años, fue asesinado cuando hombres armados le dispararon en el estacionamiento de un centro comercial en Juárez. El joven fotógrafo iba acompañado de Carlos Manuel Sánchez Colunga, otro comunicador de El Diario, quien resultó herido. Ambos iban en un vehículo Nissan gris propiedad de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

El asesinato de Santiago Orozco motivó a El Diario a publicar el pasado domingo un editorial en su portada en el que, aludiendo a un vacío de autoridad en el estado de Chihuahua, pregunta a la delincuencia organizada qué quiere de esa casa editorial.

El editorial, titulado ¿Qué quieren de nosotros?, va dirigido a las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Juárez y, tras expresar que la pérdida de dos reporteros representa un quebranto irreparable, destaca que ya no quiere más muertes, por lo que solicitó una tregua.

De su lado, Gustavo de la Rosa dijo ayer en una entrevista radiofónica que la PGR se tardó 48 horas en colaborar con las autoridades estatales en las pesquisas abiertas por la agresión contra dos comunicadores de El Diario.

Son cosas terribles; teníamos el nombre de posibles (responsables), su ubicación y hasta 48 horas después respondieron en la PGR. Ya no van a encontrar nada, indicó el visitador.

Dijo que hay información suficiente que fortalece la hipótesis de que el ataque fue dirigido contra El Diario.

En lo que toca a la investigación contra funcionarios de la SSP de Chihuahua, realizada por agentes federales en aquella entidad del norte del país, una de las fuentes consultadas por este diario refirió que agentes federales se han infiltrado entre los cuerpos policiacos locales al menos desde hace cinco meses. Los agentes infiltrados han convivido de cerca con funcionarios del Centro de Inteligencia Policial, instancia que controla a la policía estatal.