La Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM) envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que cuestiona los ataques y actos de intimidación policial contra los trabajadores de Cananea, así como los arrestos ilegales de mineros en huelga, y sostiene que estos hechos no sólo son de injusticia laboral, sino también una ofensa contra los pueblos de Cananea y Esqueda.

En la misiva, la organización demanda al gobierno federal que libere de inmediato a los 26 trabajadores detenidos ilegalmente desde el 8 de septiembre pasado y retire los cargos en su contra. Asimismo, solicita que se evite repetir cualquier acto de violencia contra ellos.

Además, pide al mandatario que garantice que no habrá más represión contra los trabajadores y que se someta a la justicia a quienes permitieron que la policía participara en la violación de los derechos civiles y políticos de los integrantes de las secciones 65 y 207 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia.

Expone en la carta, la cual también fue enviada a diversas instancias gobierno federal, que esa federación –integrada por 25 millones de mineros y metalúrgicos de todo el mundo– considera una violación flagrante contra los derechos laborales mexicanos la persecución y represión contra los trabajadores de Cananea, Taxco, Guerrero, y Sobrerete, Zacatecas, por llevar a cabo huelgas legítimas en reclamo de seguridad en las empresas del Grupo México.

En el documento, firmado por el director general de la federación, Jyrki Raina, se hace referencia a que en la madrugada del 8 de septiembre de 2010 alrededor de mil 500 personas atacaron a 400 trabajadores.

Asimismo, que numerosos testigos han identificado a tres grupos responsables de esta acciones violentas, ilegítimas y extrajudiciales, y –agrega– se trató de fuerzas privadas que habrían sido aparentemente contratadas por el Grupo México, a las cuales incluso identificaron como grupo de paramilitares con acento centroamericano, así como policías vestidos de color caqui y mamelucos blancos y una fuerza policial de 500 integrantes con uniforme.

Además, afirma la federación,, fueron arrestados de forma arbitraria una treintena de mineros, sin orden judicial y sin cargos al momento de su detención. Fueron incomunicados y se les negó el derecho constitucional a consultar un abogado, lo que, agregan, puede calificarse de desaparición forzada, de acuerdo con el derecho internacional.

Indicó que este gremio está al tanto de otros casos de violaciones a los derechos sindicales y de los defensores de derechos humanos en México, que son presos políticos víctimas de cargos infundados, y apremió al gobierno a que, en la celebración del bicentenario de la Independencia, reflexione sobre la rica e ilustre historia del pueblo mexicano y actúe de forma consecuente con este hecho histórico, respetando los derechos básicos.