Los representantes legales de Grupo Salinas solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe jurídicamente para detener las violaciones a mandamientos judiciales que han cometido el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y Mony de Swan, titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en la entrega de concesiones en favor de la sociedad Televisa-Nextel.

En tanto, diputados federales solicitaron al Ministerio Público Federal que investigue y actúe en contra de Juan Molinar Horcasitas por malbaratar los bienes de la nación, al haber aprobado el otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico que significan la pérdida de más de 4 mil 500 millones de pesos.

Poco después del mediodía y de manera paralela, la representación de Grupo Salinas y los legisladores se presentaron en distintas oficinas de la PGR, los abogados en la fiscalía encargada de investigar delitos cometidos por servidores públicos, y los diputados en la sede del Ministerio Público, en Reforma 211, en la colonia Juárez.

El abogado Rafael Rodríguez aseguró que hasta el momento las decisiones judiciales obligan a las autoridades de la SCT y de la Cofetel a no avanzar en el proceso de entrega de concesiones, porque no se ha dado el reconocimiento pleno al proceso de licitación.

Indicó que se entregó a la PGR pruebas que acreditan que se han violado las decisiones judiciales, entre ellas, dar a conocer el resultado de la licitación que beneficia la sociedad Televisa-Nextel, lo cual fue indebido ya que existen solicitudes de amparo que se están desahogando.

Por otra parte, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguraron que Molinar Horcasitas articuló un esquema de simulación y engaño que obstaculizó la protección del patrimonio nacional y se otorgara la concesión conocida como la licitación 21, en 180 millones de pesos, siendo que había postores que llegaron a ofrecer más de 4 mil millones de pesos por ellas.

Esthela Damián Peralta, José Narro Céspedes, Vidal Llerenas Morales y Ramón Jiménez López acudieron a la sede de la PGR para presentar la denuncia en la cual mencionan que es necesario que se dé una investigación a fondo del proceso de licitación pública, ya que consideran que Molinar Horcasitas de manera consciente y deliberada aceptaba que el resultado de un proceso armado bajo su responsabilidad ocasionaría un precio inferior al esperado considerando procesos concluidos respecto de bienes y condiciones similares.

Asimismo, la denuncia refiere que es claro que en acción coordinada con la Comisión Nacional de Competencia se estableció una barrera u obstáculo de participación y concurrencia en el proceso licitatorio, denominado límite máximo de acumulación que no es una figura legal o reglamentaria.