El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubon, presentará el lunes próximo ante la Secretaría de Gobernación una queja contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, por cuestionar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa que permiten la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin restringir su derecho a la adopción, cuya constitucionalidad fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras recibir la instrucción del mandatario capitalino de preparar el escrito de queja, Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, afirmó que no desconoce que existen factores reales de poder presentes en la vida política, pero para el gobierno de la ciudad Sandoval Íñiguez no es intocable y las violaciones al artículo 130 constitucional y a la Ley de Asociaciones Religiosas, derivadas de sus conductas, “deben tener consecuencias.

Seguiremos sobre la misma tónica de defensa del Estado laico. Creemos que no podemos dejar pasar ningún comentario ni juicio que se emita de manera contraria a la Constitución, apuntó.

Leyes antinaturales

En la más reciente edición de Semanario, órgano de difusión de la arquidiócesis de Guadalajara, que preside Sandoval Íñiguez, se compara al Gobierno del Distrito Federal con una dictadura por haber aprobado contra la ley natural la píldora del día después, el aborto, las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten hijos.

Esas leyes son dictatoriales, son contrarias a la democracia, denigran la representatividad de los gobernantes y de los legisladores, quienes no tienen poder absoluto, sino el que les da el pueblo al que representan, y no pueden legislar ni en contra de la ley natural ni en contra de la voluntad del pueblo, que desaprueba esas cosas. Hay encuestas que son conocidas públicamente y ponen de manifiesto una dictadura de ese tamaño, se señala en la publicación.

Esta postura se da un día después de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó que Sandoval Íñiguez incurrió en delito por sus declaraciones en agosto pasado. El 16 de ese mes espetó: ¿a quién le gustaría ser adoptado por maricones o lesbianas?, tras conocer el fallo de la SCJN que avala las adopciones para parejas del mismo sexo.

Bonifaz informó que Ebrad le pidió además reunirse con el recién nombrado subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Martín Centeno Quintero.

La funcionaria aclaró que la inclusión de la píldora del día siguiente en el cuadro básico del sector salud no es imputable a la Asamblea Legislativa, sino al sistema de salud federal desde la pasada administración, pero igual, como una norma oficial mexicana, tampoco puede ser cuestionada su validez.

Por otra parte, el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, exigió a la Secretaría de Gobernación y al IFE resolver las quejas presentadas en contra de jerarcas de la Iglesia católica, que han atacado a ese partido y a gobiernos perredistas. El problema, dijo, es que tienen miedo a enfrentarse al clero católico para hacer valer la ley.

Clérigos generan odio

La resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que censuró a los cardenales Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera, así como al sacerdote Hugo Valdemar, por lanzar declaraciones discriminatorias, es un avance importante para dejar constancia de que el clero promueve la homofobia y la violencia.

Así lo consideró Rodrigo Colchado, asesor político de Transformarte, asociación civil que agrupa a hombres y mujeres transexuales, que el pasado 23 de agosto entregó a la Secretaría de Gobernación (SG) una carta en la que exigió a su titular, José Francisco Blake Mora, que se hiciera respetar el artículo 130 de la Constitución, inciso e, referente a la no participación de la Iglesia en política.

El pronunciamiento del Conapred nos tiene contentos, es lo menos que podía hacer, aunque consideramos que su reacción fue un poco tardía; también nos hubiera gustado escuchar una declaración de la SG, que a final de cuentas es la instancia encargada de este asunto, afirmó Colchado.

A pesar de que la resolución del organismo no tiene carácter vinculante, la importancia de lo que dijo es que se reconoce que la alta jerarquía católica discrimina y genera discursos de odio que generan polarización social. En este país la discriminación es un delito, y para nosotros es muy bueno dejar precedente de ello.

Aidé García, coordinadora de relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir, indicó que la actuación del Conapred merece ser reconocida, por evidenciar que las declaraciones de los religiosos constituyen un delito, aunque sería deseable que éste desembocara también en un castigo.

Es importante que se reconozca que el clero incurrió en una falta contra la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Queremos que la alta jerarquía católica haga un compromiso público de no repetir ese lenguaje discriminatorio y ofensivo que incita al odio, la homofobia y la violencia, sostuvo García.