a organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ponderó ayer, en una carta, los efectos de la política de seguridad del gobierno federal de México sobre las garantías individuales, y fue al grano: calificó de contradictorio el discurso gubernamental en esa materia –por un lado, el calderonismo afirma que defiende esas garantías pero, por el otro, cuestiona la veracidad de las denuncias de violaciones cometidas por servidores públicos–; aludió al drástico incremento de los atropellos a derechos fundamentales desde que se desplegó al Ejército en tareas de seguridad pública, y sostuvo que los efectivos castrenses involucrados en esos atropellos deben ser juzgados por tribunales civiles.

estas alturas no implica ningún gran descubrimiento afirmar que, a 200 años del Grito de la Independencia del cura Hidalgo, la independencia real de nuestro país es virtualmente inexistente. Por mencionar sólo algunos rubros: casi la totalidad de la banca y un porcentaje cada vez mayor de las áreas estratégicas de la economía están en manos del capital trasnacional; la política migratoria y la estrategia de combate al crimen organizado, prácticamente las dicta Estados Unidos. El TLCAN y la Iniciativa Mérida, que no son ciertamente expresiones de independencia nacional, funcionan como camisas de fuerza para la política económica, la política social y la política militar. Claro que se podría decir –y eso es precisamente lo que hacen los teóricos de la globalización neoliberal– que en el actual mundo globalizado estas realidades necesariamente escapan a los estrechos límites del antiguo Estado nacional. Sin discutir por el momento esa afirmación, cabe decir que hay en ese mundo globalizado otra dimensión que limita la soberanía de los estados. Pero ésta los limita de una manera que, en sentido contrario a lo que hacen las otras realidades supranacionales, pretende al menos asegurar la vigencia de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. Es la esfera de las declaraciones y convenios internacionales de derechos humanos, con las correspondientes instancias jurisdiccionales que tratan de hacer valer las declaraciones en la práctica. Y aquí viene lo interesante, por no decir lo atroz: esta es la dimensión que objetan nuestras autoridades. Permanecen mudas ante la dependencia económica y las demás dependencias que merman y corroen la libertad y la capacidad de autodeterminación del pueblo mexicano, pero ponen el grito en el cielo y se rasgan las legalistas vestiduras ante la violación de la soberanía nacional que según ellas implica la exigencia supranacional de respetar los derechos humanos de la ciudadanía.

l gobernador de Querétaro, José Calzada, ha propuesto una iniciativa de ley para desaparecer el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) y sustituirlo por una Comisión Electoral dominada por el grupo priísta gobernante. Más allá de la técnica jurídica, la técnica política es muy reveladora: la iniciativa se presenta el jueves 9 de septiembre, unos días antes de la semana de celebraciones del bicentenario, es decir, en un momento en que la sociedad civil está desmovilizada. A esta técnica en el viejo régimen autoritario se le denominaba el sabadazo.

a palabra democracia es muy popular en estos días. Hoy, virtualmente no hay país en el mundo cuyo gobierno no reivindique ser el gobierno de una democracia. Pero al mismo tiempo, virtualmente no hay país del mundo hoy del que otros –dentro del país y en otros países– no denuncien al gobierno por ser antidemocrático.

esde todos los puntos cardinales del país, pese a lluvias y derrumbes, llegaron mil 135 mujeres y hombres del México de abajo, a reunirse en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en la VI Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).