n la medida que crece la precariedad y el desempleo, y ante la ineficacia de las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de los trabajadores, se incrementan a lo largo y ancho del país prácticas que violentan las garantías más elementales, cimentadas en exigencias vejatorias como condición para ser admitidos en cualquier empleo.

Una de estas prácticas que ha adquirido proporciones gigantescas son las renuncias en blanco, que operan al momento en que el trabajador es contratado. Se le exige como condición para ser admitido que firme una o varias hojas en blanco, o una renuncia sin fecha, para ser utilizadas como defensa patronal ante los tribunales laborales en caso de despido.

El condicionamiento patronal tiene múltiples modalidades, desde la renuncia sencilla hasta un sofisticado paquete de documentos que suele ser denominado manual de contratación, el cual es recomendado a sus clientes por despachos de abogados empresariales, desde los más modestos hasta de las grandes firmas. Llegan a incluir pagarés también en blanco y falsos reconocimientos de que el trabajador nunca ha padecido accidente de trabajo.

Estas conductas están presentes día a día en las salas de los tribunales laborales donde se desahogan los juicios; el abogado empresarial suele llegar con su sonrisita burlona diciendole al trabajador: te advierto que tengo tu renuncia, lo máximo que te ofrezco es el costo del perito para acreditar que tu firma es auténtica, algo así como 2 mil pesos. De las empresas que más acuden a este sistema de contratación son las llamadas outsourcing; saben que en caso de un juicio laboral tendrían muchas dificultades para acreditar la legalidad de la simulación sobre la cual han construido su negocio de vender como una simple mercancía mano de obra barata.

A pesar de que esta acción se expande por todo el país, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, a nadie parece interesarle. Las juntas de Conciliación y Arbitraje tienen puestos sus ojos en otros temas; las procuradurías de la Defensa del Trabajo, que tienen por encargo legal precisamente ejercer la protección de los trabajadores, están más preocupadas en llegar a convenios que reduzcan su carga laboral que en defender a sus representados. Ándele, mes y medio de salario y prestaciones proporcionales del año, es la fórmula mágica que plantean estos funcionarios para salir del paso, aunque con ello supriman toda esperanza de justicia.

El Poder Judicial federal, que en otros temas es más activo, no se ha interesado en resolver esta problemática; sigue aferrado a razonamientos formalistas que claramente se expresan en la siguiente tesis: “fundadamente debe considerarse que el otorgante al suscribir su renuncia estaba debidamente enterado de su contenido y conforme con ello, porque la firma estampada en un escrito constituye una manifestación de voluntad que entraña conformidad con lo que ahí se asienta….” (segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del octavo circuito, amparo directo 629/94). Es claro que la realidad transita en sentido contrario: las renuncias en blanco abarcan ya más de 40 por ciento de las contrataciones. A este paso la Ley Federal del Trabajo se convierte en una ficción.

A pesar de esta visión formalista, las interpretaciones de la Corte son fundamentales en tanto no exista modificación a la ley. Lo deseable sería que emitiera criterios que obliguen a las juntas de Conciliación y Arbitraje a impedir estas prácticas; algo similar al criterio que siguió la Corte en la jurisprudencia 7/2006 en relación con el reclamo inverosímil de tiempo extra, señalando que las juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos. Sería un gran avance reconocer que también es inverosímil que un trabajador renuncie y al día siguiente reclame su reposición en el trabajo, que exista un recibo de pago y ninguna constancia del egreso, que el trabajador firme un pagaré en cantidad excesiva cuando su jornal apenas le alcanza para vivir.

¿Qué hacer frente a este cáncer que extingue derechos laborales? En primer lugar, tomar conciencia de la gravedad del problema. Se trata de un delito, de un vil chantaje, propio de delincuentes que se aprovechan de la debilidad del otro para esquilmarlo. Cualquiera diría que corresponde a los sindicatos evitar este tipo de abusos, y tendría razón; el problema es que más de 90 por ciento de los sindicatos en México, particularmente en la ciudad capital, son falsos y existen para proteger los derechos de quien los designó: el patrón.

Si la reforma laboral debe responder a los problemas que preocupan a la gente, este tema debería ser prioritario. Una solución es la contenida en la iniciativa de reforma laboral planteada por la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el apoyo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual señala que el trabajador que fuese obligado a firmar un documento en blanco podría advertir por escrito esta circunstancia a la autoridad laboral, quien debe conservar tal declaración en secreto. De esta manera, si el patrón pretende utilizar la renuncia en blanco, el trabajador puede neutralizar tal intención con el escrito presentado ante la autoridad. En esos casos especiales se podría exigir la ratificación de la renuncia para que tuviera efectos legales.

También es urgente promover denuncias penales contra quien cometa o sea cómplice de estas conductas, procesar a estos delincuentes y dar a conocer a la opinión pública su modus operandi. Se trata también de una violación a los derechos humanos, pero las preocupaciones de las comisiones en esta materia suelen estar en otro lado.

El uso constante de las renuncias en blanco da cuenta de la extrema degradación que vive el mundo del trabajo. ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán haciéndose de la vista gorda?